La familia del asesor Iñaki González pide el indulto para eludir la prisión

La familia de Iñaki González, el asesor fiscal de Bilbao condenado a cuatro años y nueve meses por apropiación indebida, ha solicitado al Gobierno central el indulto que le permitiría eludir el ingreso en prisión. La solicitud va acompañada del respaldo de varias asociaciones que entienden que en el caso de González, —el responsable de la empresa IG asesores—, concurren circunstancias especiales que le hacen merecedor de la citada medida de gracia. González, que ha desestimado un último recurso al Constitucional, ya ha garantizado el abono, entre la indemnización, intereses y la multa correspondiente que le impuso la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia y que finalmente ratificó el Tribunal Supremo, de una cantidad cercana a los 0,8 millones de euros, es decir, los 672.197,7 euros de la sentencia más las costas y la multa, según aseguraron ayer fuentes acreditadas. La acusación no se va a oponer a la solicitud de la medida de gracia y sólo falta por saber si llegará al Ministerio de Justicia también con el visto bueno de la fiscalía, o si en este caso va a oponerse.

La petición de indulto paraliza la entrada a prisión hasta que el Gobierno se pronuncie. Si finalmente no da luz verde a su petición, la Audiencia solicitaría la ejecución de la sentencia y le daría un plazo de entorno a las dos semanas a partir de ese momento para preparar su ingreso en la prisión de Basauri. Iñaki González fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por apropiación indebida de los fondos de Talleres La Casilla, una pyme a la que prestaba servicios —cobró 961.106,88 euros por cuatro años de trabajo— que acabó quebrando. El tribunal vasco y finalmente el Supremo consideraron acreditado que Iñaki González es el autor de un delito continuado de “apropiación indebida en concurso medial”, con un “delito continuado de falsificación” en documento mercantil. El Supremo ratificó con su fallo la tesis de la acusación de que mientras Talleres La Casilla (TLC) firmó pagarés a Ignacio González para el pago de impuestos por más de 0,9 millones de euros, el asesor no sólo no lo hizo sino que, “distrajo” tres cuartas partes del dinero de forma ilícita.

El entorno de González está convencido de que esa interpretación difiere de la realidad

El Alto Tribunal desestimó los argumentos del asesor que intentó en su recurso restar importancia probatoria al libro mayor de contabilidad de IG Asesores, en el que figuraban facturas falsas con numeración diferente, y realizadas por posterioridad para acreditar que los 0,9 millones habían sido facturados por servicios prestados. La sentencia original ratificada describía como “las falsedades mercantiles perpetradas [por González] tuvieron como objetivo ocultar las apropiaciones ilícitas que se estaban realizando, permitiendo al tiempo la prosecución de las sucesivas”. El entorno de González está convencido de que esa interpretación difiere de la realidad de lo sucedido y basan parte de su petición en ese hecho y en la realidad social que rodea a un hombre que goza de cierto relieve social, además de respaldo de los ambientes religiosos de la ciudad. Iñaki González ayuda de forma activa en las celebraciones litúrgicas de los domingos en la parroquia de San Vicente. Algunas fuentes añaden que González sufre de una cardiopatía que podría agravarse en un entorno como el carcelario.