El alcalde de Parla, procesado por prevaricación y desobediencia
El origen es la destitución del jefe de Policía Local en 2009
El alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE) ha sido procesado por dos delitos de prevaricación administrativa y un delito de desobediencia por la destitución del jefe de la Policía Local en 2009, Eduardo Fernández Tejero. El juzgado de instrucción número siete de la localidad también ha abierto un juicio oral contra Mariano Sánchez Toribio, exconcejal de Seguridad y Personal del municipio de 125.000 habitantes. El Ministerio Fiscal y la acusación particular entienden que existen “indicios racionales de criminalidad”. Contra el auto, del pasado 24 de junio, no cabe recurso.
El fiscal pide para cada uno de los procesados 10 meses de multa, con una cuota de 100 euros, por el delito de desobediencia, así como la inhabilitación “especial” para que Fraile desempeñe el cargo de alcalde y Sánchez el de edil durante un periodo de un año y seis meses. En total, un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa para cada uno de los dos acusados.
A su vez, la acusación particular (es decir, el exjefe de la policía local) se ha personado por un delito de coacciones, dos delitos continuados de prevaricación administrativa y un delito de desobediencia. Por las coacciones pide una pena de prisión de dos años, seis meses y un día; por la prevaricación solicita la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante hasta nueve años; y por el delito de desobediencia pide una multa de ocho meses y la inhabilitación de Fraile y Sánchez por un año, cuatro meses y un día. Por último, Fernández Tejero pide una indemnización “por daños físicos, psíquicos y morales” de 300.000 euros. La suma total requerida por la acusación particular es de 2,5 años de prisión, casi 12 de inhabilitación, más la indemnización.
A la espera de que se celebre el juicio en los juzgados de Getafe (no hay juzgados de lo Penal en Parla), el juzgado de instrucción ha impuesto una fianza solidaria de 80.000 euros a los procesados “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” que puedan tener. El Consistorio ha puesto un recurso de reforma contra la fianza, por lo que, a espera de la respuesta, no ha depositado nada. En caso de tener que depositar la cantidad exigida, tendría que ser el propio alcalde el que lo hiciera a título personal, explican en el Ayuntamiento. De no presentar el dinero, a Fraile le podrían embargar bienes “en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.
Fiscalía y acusación particular coinciden en pedir desobediencia a la justicia después de que el Ayuntamiento no acatara una primera sentencia, de 2010 y por la vía contencioso-administrativa, que obligaba a restituir de forma inmediata y en las mismas condiciones al jefe de la Policía Local. Además, la acusación particular entendió como prevaricación la forma en que se le destituyó y no se devolvió el cargo.
Un auto del 14 de febrero dictado por la Audiencia Provincial alude a la existencia de indicios que apuntan “que se han podido dictar resoluciones administrativas injustas”.
Pedro Sánchez, recientemente elegido secretario general del PSOE por la militancia, defendió durante el proceso de primarias que los cargos socialistas dimitan cuando se les “abra juicio oral”. “Hay que respetar el principio de presunción de inocencia, pero en el momento en el que se abra juicio oral a un político socialista tendrá que asumir responsabilidades políticas y dimitir”, expresó el nuevo líder del PSOE.
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