El tercer sector pide a Mas una paga para 34.000 familias sin ingresos

No es extraño que el discurso de las entidades sociales y del Gobierno de turno sean divergentes. A veces, diametralmente opuestos. Ese fue el caso ayer, cuando una delegación de la Generalitat, encabezada por el presidente Artur Mas (CiU), se reunió con la junta de la Mesa del Tercer Sector, que agrupa 32 federaciones de entidades sociales. La mesa pidió una nueva paga mensual de 465 euros para las 34.000 familias que en Cataluña no tienen ingresos. La consejera de Bienestar, Neus Munté, aseguró que el Gobierno catalán trabaja en la dirección contraria, es decir, antes de crear nuevas ayudas integrar las existentes. Ambas partes, sin embargo, se emplazaron a seguir el diálogo y luchar contra la pobreza.

Angels Guiteras, presidenta de la Mesa, compareció tras las más de dos horas de reunión para explicar sus principales peticiones. La primera es poner el acelerador en las medidas se aprobaron en el pleno extraordinario sobre la pobreza, que se celebró el pasado 12 de marzo en el Parlament. Estos textos incluyen una reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI, 459 euros mensuales), que según Guiteras “es el principal instrumento que tenemos como país para atender las máximas situaciones de vulnerabilidad”.

La Administración catalana va en sentido contrario: agrupar las ayudas existentes 

La segunda, es la reactivación de las ayudas para los dependientes que pagan una cama en residencias privadas a la espera de una plaza pública, las llamadas PEV, suspendidas en septiembre del año pasado. “Entendemos que son un derecho subjetivo, pero tenemos que priorizar a las personas con más necesidades”, explicó Guiteras. Finalmente, la presidenta pidió que se impulse el pacto para la lucha contra la pobreza, para lograr un consenso entre partidos y agentes sociales, que no se vio en el Parlament.

Sin embargo, la propuesta más radical de las entidades del tercer sector fue la creación de una nueva prestación para las 34.000 familias catalanas con hijos y personas a cargo. Esta paga mensual estaría ligeramente por encima del valor de la RMI y por debajo de los 645 euros del salario mínimo interprofesional. La inversión mensual ascendería a más de 15 millones de euros, una cifra difícil de conseguir si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la última subvención extraordinaria contra la pobreza fue de dos millones de euros. “La RMI tiene dificultades para llegar al 100% de las personas que la necesitan”, justificó Guiteras para explicar la necesidad de la nueva ayuda. “No nos dijo si sí o si no”, agregó la presidenta de la mesa cuando se le preguntó cuál había sido la respuesta de Mas hacia la propuesta

Munté que compareció en nombre del Ejecutivo catalán, aseguró “se necesita tiempo para evaluar la propuesta” de la nueva prestación” y se comprometió a crear un grupo de estudio. Sin embargo, la consejera aceptó que la prestación va en contra de la idea de Bienestar de unificar las ayudas en lugar de crear de nuevas. Y recordó la frustración que ha generado la Ley de Dependencia, cuando “se pone en marcha sin la debida garantía económica”.

La reformulación de la cartera de servicios sociales sigue paralizada en los despachos de la Generalitat

Este es el segundo año que se realiza la reunión, una cita incluida en el plan de apoyo. Hace un año, en la misma cumbre, las entidades le pedían al Gobierno catalán que se unificaran las prestaciones sociales. La reformulación de la cartera de servicios sociales sigue sin llegar a buen puerto y no hay una fecha específica. La consejera también recordó que aún no se han vencido los términos para desplegar los compromisos adquiridos en el pleno de la pobreza, aunque no concretó fechas de medidas como la actualización de la RMI, que depende de el Departamento de Empresa y Ocupación. La única fecha que ha trascendido es la de la reactivación de las PEV, que se harán este septiembre.

Munté explicó que en la reunión no se habló de vías alternativas para financiar los servicios sociales, que el Gobierno achaca a los problemas de financiación estatal. En su último informe, el Consejo Asesor de Políticas Sociales criticó fuertemente a todos los partidos por el pleno contra la pobreza y pidió que a Mas que adelantara medidas contra el fraude fiscal y un mejor control de economía sumergida.