Admiten la denuncia contra el alcalde de Sestao por no empadronar inmigrantes

El juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por SOS Racismo en nombre de cinco familias y dos particulares inmigrantes contra el alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV), por la negativa a empadronarles. La denuncia, interpuesta el pasado 23 de mayo, iba acompañada de unas grabaciones en las que se oía al alcalde hacer comentarios ofensivos contra algunos inmigrantes con frases como: "... la mierda ya no viene a Sestao. Si no, la echo yo y ya me empeño yo, ya me encargo yo de que se vayan, a base de hostias, claro".

En el auto del juzgado de instrucción de Barakaldo, se acuerda la incoación de diligencias previas por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos. El juzgado adopta esta medida para poder acreditar los hechos denunciados y completar la información presentada por SOS Racismo antes de decidir sobre la imputación formal del alcalde.

Se cita a las familias y particulares que interpusieron la denuncia para que acudan a declarar el 16 de septiembre con los documentos acreditativos de la solicitud de empadronamiento formulada en su día. Además, da un plazo de 15 días al Ayuntamiento de Sestao para que informe del personal encargado de la recepción y tramitación de las peticiones de empadronamiento desde enero de 2012 hasta la actualidad. También pide que se facilite la identidad de la persona que desempeñaba funciones de secretario del Ayuntamiento en las mismas fechas.

El juzgado requiere al Ayuntamiento que en ese mismo plazo presente copia de los expedientes y solicitudes hechos por las familias y particulares que presentaron al denuncia "aportando en su caso copia de la resolución o motivo en caso de no estar resuelto". También solicita un informe al consistorio de la localidad de la Margen Izquierda sobre posibles solicitudes de empadronamiento pendientes de resolver indicando en su caso desde qué fecha y motivos.

El auto señala que en caso de incumplimiento de los requerimientos efectuados en el plazo indicado, el consistorio "incurrirá en un delito de desobediencia".