Orozco enciende a los huelguistas de la basura con servicios mínimos del 100%
La policía local identifica a 34 trabajadores de Urbaser después de que irrumpiesen con gritos de dimisión en el acto en el que el alcalde anunció la medida
![Entrada al salón de plenos custodiada por la policía, mientras los huelguistas estaban dentro con el alcalde.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/3PF4DTKH27J6KDCSJFM6ETD2V4.jpg?auth=e71398534ed125eb89a0b3e76f7b18e4bc15a7e539a5a83974d6d76c919b56ed&width=414)
Cuando se cumplen 44 días de huelga de basuras en Lugo, el gobierno local del socialista Xosé López Orozco ha vuelto a intervenir en el conflicto con una medida que disgusta a los trabajadores. El alcalde anunció ayer un decreto con el que a partir de hoy eleva los servicios mínimos al máximo, pasando del 50% al 100% en limpieza viaria y del 70% al 100% en la recogida de residuos sólidos urbanos. La plantilla de Urbaser, la concesionaria del servicio municipal, mostró su malestar por la decisión del Ayuntamiento justo en el momento en el que se hacía pública. Un grupo de operarios irrumpió en la rueda de prensa con gritos en los que exigían la dimisión del alcalde. Los huelguistas se encerraron en el salón de plenos durante hora y media. Finalmente, intervino la policía local y los agentes identificaron a 34 empleados.
La irrupción de los operarios en el acto se produjo a las 11.30 horas. Pese a la inesperada visita, el regidor socialista y el concejal de Medio Ambiente, Luis Álvarez, continuaron exponiendo el contenido del decreto que fija un 100% de servicios mínimos, excepto para la recogida selectiva de residuos, que se mantiene en el 50%. Durante su intervención, los responsables municipales fueron increpados con gritos de “a folga é un dereito” y “Orozco dimisión”. “Es imposible vivir en un mundo que no se entiende”, se lamentaba, mientras, el alcalde de Lugo al referirse al fracaso de las negociaciones entre la empresa y los huelguistas. El último intento se produjo el pasado sábado, cuando Urbaser puso encima de la mesa una propuesta rechazada por los empleados, mientras que en ocasiones anteriores fue la adjudicataria del servicio, filial de la multinacional ACS, la que bloqueó un acuerdo. “Era una oferta [la de la empresa del sábado] donde se acercaron posturas”, opinó Orozco entre abucheos. “Uno no comprende cómo se puede llegar a esta situación”. Los trabajadores acusan al alcalde socialista de estar más del lado de la compañía que de ellos.
Orozco se amparó en la necesidad del Ayuntamiento “de garantizar el derecho a la salud de las personas” para aprobar el nuevo decreto sobre servicios mínimos. El concejal de Medio Ambiente, Luis Álvarez, fue el encargado de detallar los cambios. “¡Gobierno dimisión!”, increparon los huelguistas a los responsables municipales tras la intervención del concejal. Después de un largo silencio, Orozco tomó la palabra para decirles a los periodistas: “Vista la libertad de expresión que vivimos ya se les dará cuenta por escrito del decreto”.
En un intento por calmar los ánimos, el alcalde les anunció allí mismo a los trabajadores de Urbaser que su empresa había aceptado readmitir al comité de huelga despedido durante la protesta, aunque la contrapartida pasaría por sanciones de empleo y sueldo de 40 días, una condición que no acepta la plantilla. A lo largo de la protesta, la concesionaria ha echado a la calle a los 11 miembros del comité de empresa y ha sancionado a 66 empleados. La revocación de estos castigos es uno de los requisitos ineludibles que plantea el personal para poner fin a la huelga. Además reclaman a la empresa que les actualice el sueldo en consonancia con el IPC —un incremento que sí aplica el Ayuntamiento en la partida de alrededor de siete millones de euros que abona anualmente a Urbaser—, así como la consolidación de otros derechos sociales.
La última intervención polémica del Ayuntamiento se produjo hace 15 cuando Orozco anunció que retiraría la concesión de manera temporal a Urbaser para que Tragsa se ocupase del servicio hasta el fin de la protesta. El anuncio fue aplaudido por la plantilla pero 48 horas después, tras limpiar la filial de ACS las calles, el alcalde dio marcha atrás a la medida ante el estupor de los huelguistas, quienes han denunciado repetidas veces la recogida irregular de basura.
Urbaser volvió ayer a recurrir a trabajadores de concesiones de otras provincias para retirar desperdicios de las calles, según denuncia el secretario del comité de empresa, Julio Pacio. Los representantes de los operarios de Lugo pondrán estos hechos una vez más en conocimiento de la inspección de trabajo por vulnerar el derecho a huelga. Según el relato de Pacio, a primera hora de la mañana salieron de la base de la empresa, en las Arieiras, con escolta de la policía local y nacional, tres camiones de carga lateral, uno de carga trasera y una barredora, una acción que fue increpada por empleados lucenses. “Se forzó la situación, están superprotegidos por la policía local y la policía nacional. Aquí las leyes no sé para qué existen, alguien va a tener que poner freno a esto. Parece ser que ahora no valen las negociaciones, solo vale esta forma de romper la huelga”, se queja Pacio.
El personal afirma que, tras el fracaso de la reunión del pasado fin de semana, no han vuelto a tener noticias de la empresa. “Aquí sólo interesa alargar el conflicto para dar ejemplo en todo el territorio nacional. Nos eligieron a nosotros como pudieron haber elegido a otros”, sentencia el sindicalista.
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