Los pequeños empresarios se “rebelan” contra la mafia que “domina” Alicante

Los pequeños empresarios de Alicante están hartos de los escándalos que llenan las páginas de los periódicos y han alzado la voz exigiendo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "de forma inmediata" contenga la marea de "putrefacción y de corrupción" que afecta a las instituciones.

Cristóbal Navarro, presidente de Cepyme (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa) en Alicante, ha instado también al fiscal Anticorrupción que siga investigando las conversaciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, incorporadas al sumario del caso Brugal, con el empresario Enrique Ortiz.

La patronal de las pequeñas empresas exige "contundencia y tolerancia cero" ante la corrupción que está proyectado una "mala imagen" sobre Alicante y sus empresarios. "No todos somos iguales", ha asegurado Navarro quien está "cansado y harto de que ciertas mafias dominen los concursos públicos y de las dobleces de la administración para contratar", en referencia al omnipresente Enrique Ortiz, principal imputado en Brugal, y el mayor receptor de contratas por parte del Ayuntamiento de Alicante.

En su informe ante la Junta de Cepyme, Cristóbal Navarro, se ha manifestado "cansado de que la sombra de la corrupción sea una compañera constante de las contratas administrativas y de tener la sensación de que siempre sean para las mismas empresas". El presidente de las Pymes ha recordado que en algunos casos solo concurren "los llamados a cubrirlas, porque es un secreto a  voces la inmensa corruptela que existe en el ámbito de la administración pública".

Navarro, a raíz de las conversaciones entre el empresario Enrique Ortiz con políticos del PP que se han difundido en las últimas semanas, ha lamentado que la corrupción "genere desconfianza y descrédito de nuestras instituciones, dentro y fuera de España". Y ha agregado: "Es necesario que los empresarios mostremos nuestra más enérgica repulsa a estas prácticas".

Cepyme asume como propio el último comunicado de Facpyme (Federación Alicantina del Comercio y de la Pequeña Empresa) en el que instaba a la fiscalía a "perseguir" posibles delitos que se desprendan de las presuntas injerencias de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, contra el expresidente de los comerciantes, Pedro de Egea, a quien, según las grabaciones policiales, la alcaldesa pretendió colocar en el Hércules para forzar su dimisión como representante del colectivo de comerciantes.