El rechazo a un pleno en verano sobre corrupción deriva en una bronca

El rechazo de los grupos socialistas y de Izquierda Unida a la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la corrupción derivó ayer en una bronca en la Diputación Permanente del Parlamento. Inmediatamente después de que acabara el periodo ordinario de sesiones, a finales de junio, el grupo popular registró la solicitud de una sesión plenaria en verano, algo que el PP suele hacer todos los años.

La negativa de los partidos que sostienen al Gobierno de coalición al pleno fue reprobada en términos muy duros por el portavoz popular, Carlos Rojas, quien acusó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de ser “una cobarde por no salir de su cueva”.

El presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, reconvino al diputado popular por utilizar ese adjetivo y le invitó a retirarlo “o hacerlo en términos parlamentarios”, de lo contrario no figuraría en el diario de sesiones. ¿Qué significa esta fórmula? Significa que el orador debe complementar el insulto con la palabra “política” y así la frase es admitida. Rojas aceptó, ya que minutos antes había dicho lo mismo pero con corrección al denunciar la “cobardía política” de la presidenta socialista por no comparecer en un pleno extraordinario.

El PP considera urgente que el Gobierno dé explicaciones sobre “la corrupción que está asolando” a la comunidad y que Rojas condensó en una retahíla de casos: “En Andalucía se han repartido 400 millones de euros antes de las elecciones sin control público alguno, se han concedido avales a empresas sin proyectos, se ha dado dinero a trabajadores fantasmas, se han detectado facturas infladas y falsas”. Su conclusión fue que Andalucía “está incendiada por la corrupción” y “se roba a mansalva”, por lo que Díaz “debe dar la cara de lo que está ocurriendo”.

El auto de la juez Mercedes Alaya en el que amplía su investigación sobre el caso de los ERE a los años 2011 y 2012, le sirvió al popular para afirmar que la responsabilidad de Díaz “está cada vez más cerca”.

PSOE e Izquierda Unida se opusieron al pleno porque no ven que haya motivos excepcionales para su convocatoria. El portavoz socialista, Mario Jiménez, atribuyó la iniciativa a la ausencia de una alternativa por parte del Partido Popular y a que el PP “no sabe hacer otra cosa” que estar “obsesionado” con la corrupción. En su opinión, el PP carece de proyecto político y tiene un “problema de identidad muy serio”.

El portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro, consideró “legítima” la presentación reiterada de iniciativas sobre la corrupción, aunque, según él, el PP hace una utilización “artera”, “partidista y electoral” del Parlamento.

Pese al áspero debate celebrado en la Diputación Permanente, celebrado en presencia de los medios de comunicación, los tres grupos parlamentarios están manteniendo conversaciones discretas para alcanzar acuerdos en asuntos que les afectan a todos. Entre ellos el de la reforma del Reglamento del Parlamento y el de la ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya negociación lleva pendiente más de un año. Al nuevo Reglamento se quiere incorporar iniciativas propuestas por el presidente de la Cámara como la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar enmiendas a los proyectos de ley y que estos puedan plantear preguntas al Consejo de Gobierno en la sesión de control, si un diputado las asume. Esta reforma se dejó aparcada hasta que se aprobara la ley andaluza de Transparencia.

Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida reprochó a la presidenta de la Junta su “querencia” a hacerse fotos con “los poderosos”, en alusión al acuerdo con las grandes superficies comerciales, que anunciaron el martes una inversión de 400 millones para ampliar y crear nuevos centros. Castró afeó a Susana Díaz que “ni mire” al pequeño y mediano comercio, con los que no ha mantenido ningún encuentro.