La reforma electoral, en punto muerto

La sospecha de que el Partido Popular intentará aprobar de forma unilateral la elección directa de un tercio de los diputados regionales mediante circunscripciones o distritos electorales ha agrandado la brecha que separa al partido en el Gobierno y la oposición. La aprobación del dictamen de la reforma electoral, que no es vinculante y con el voto en contra de PSOE, IU y UPyD, ahonda en la división de la Asamblea de Madrid, con el PP de una parte y el resto de formaciones cada vez con más puntos en común a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de 2015.

El PP nunca ha escondido que un cambio de tal calado obliga a la modificación del artículo 18 de la Ley Electoral de la región (11/1986) así como de los artículos 10.5 y 10.6 del Estatuto de Autonomía, para lo que se requiere el voto a favor de dos tercios de la Asamblea de Madrid. Actualmente hay 129 parlamentarios: 72 del Partido Popular, 36 del PSOE, 13 de Izquierda Unida y 8 de UPyD. En cambio, la postura del PP ha variado las últimas semanas, tras un año de comparecencias en las que la oposición ha dejado claro su rechazo a la propuesta y acepta debatirla una vez pasados comicios del próximo mayo. PSOE, IU y UPyD coinciden en que, consciente de la falta de apoyo, el PP trataría de emplear una argucia semántica con la que redefinir el modelo actual en un sistema mixto con circunscripciones y donde el resto de diputados se elegirían con el sistema tradicional de listas cerradas aplicando la Ley D’Hont. Una propuesta para la que al PP ya no necesitaría el respaldo de 86 de los diputados. Esto es, 14 más de los que cuenta en sus filas.

“Hay que saber reconocer la realidad, eso de que hemos roto el consenso es mentira. Volvemos a proponer una reforma mediante una adaptación del sistema alemán para permitir que se pueda elegir a una parte de la cámara mediante distritos electorales con respeto absoluto a la proporcionalidad y la circunscripción única que es la provincia”, esgrime Íñigo Henríquez de Luna por parte del PP. Maru Menéndez, número dos de los socialistas madrileños, subraya en cambio el cariz “fuera de la ley” que tendría la propuesta electoral popular si pretende obviar que, para aprobarlo, debe contar con el apoyo de 14 diputados de la oposición. “Si anuncian su reforma de manera efectista en septiembre, por ejemplo en el debate del estado de la región, lo que estarán haciendo es votar algo que saben que es inconstitucional y con ello van a dañar la legitimidad de la democracia parlamentaria representativa. Si lo hacen se les podrá en contra”, asevera. El PSOE ha dejado claro, al igual que el resto de la oposición, que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si el PP no da marcha atrás y acepta dialogar, y acordar, un asunto tan delicado ya para la siguiente legislatura. No antes.

“El sistema electoral madrileño ha funcionado bien pero necesita cambios, y más en momentos en que se produce desafección, en mi opinión desde las instituciones a la ciudadanía y no al revés. Los ciudadanos quieren más y mejor democracia, y eso requiere una mayor participación, transparencia y rechaza opacidad. En definitiva, la postura del PP pone de manifiesto su miedo, lo único que pretenden es mantenerse en el poder… Ustedes no pueden hacer solos la modificación que pretenden llevar a cabo esta reforma por circunscripciones”, insiste Menéndez. Pese a que la portavoz del PSOE reconoce la necesidad de un cambio, sus responsables en Madrid no han mostrado un modelo alternativo al sistema alemán, que sí contaba con el aprecio de distintos diputados regionales y es del agrado de algunas de las vacas sagradas de Ferraz. Lo mismo ha sucedido con la reducción del número de componentes del Parlamento autonómico: un nutrido grupo de parlamentarios socialistas eran partidarios de una opción intermedia a la de UPyD –tuneada por el PP- de dejarlos en 65. Así, una cifra entre 99 y 101 contaba con un amplio consenso.

“Los efectos de una reforma electoral siempre sin controvertidos, no hay una reforma electoral neutral”, interviene Lali Vaquero (Izquierda Unida). Como el resto de representantes de la bancada de la oposición, entiende que el PP pretende sacar adelante su propuesta ignorando la obligatoriedad de retocar el Estatuto de Autonomía pese a no contar con los diputados suficientes. “Mediante un artilugio lingüístico introducen la noción de distrito electoral como si fuera algo diferente a la circunscripción para salirse con la suya”, ha expresado su malestar. IU, que como el PSOE y UPyD ha presentado un voto particular, cree que lo que busca el Partido Popular es “acelerar”, con vistas a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, “una reforma electoral preventiva ante la más que posible pérdida de votos de la derecha, que trata de ganar por la vía legislativa lo que ya han perdido en la calle”.

A juicio de IU el modelo electoral de la región es “aceptablemente proporcional”, ya que hay una correlación casi matemática entre porcentaje y número de escaños logrados. Partidaria de menguar el tope electoral del 5% al 3% de los votos obtenidos, la formación de izquierdas plantea limitar el uso de decretos para legislar y de esta forma fomentar el consenso y evitar los rodillos de las mayorías absolutas. También opta por restringir el régimen de aforamiento de los diputados de la Asamblea a las actuaciones en los órganos de representación política, y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada. El dictamen aprobado en solitario por el PP no contempla revisar el 5% y por tanto facilitar el acceso a la Cámara a partidos de reciente creación como Equo, muy activo en Madrid.

Luis de Velasco, portavoz de UPyD, recuerda que su partido es partidario de un amplio abanico de reformas. De entrada, modificar la ley electoral estatal, a su entender muy permisiva con PP y PSOE y los partidos nacionalistas y muy perjudicial para IU y la formación magenta para sumar escaños. “Para nosotros es absolutamente imprescindible”, sostiene Velasco, a favor de reducir al 3% el porcentaje de representación “para que la pluralidad creciente tenga presencia”. Y recalca que la jibarización de los 129 diputados a una cifra de entre 60 y 70 también es una iniciativa de UPyD de la que el PP ha tratado de apropiarse tras unos barnices.

De lo que no es partidario el partido de Rosa Díez es del modelo por circunscripciones. “El sistema que plantea el PP nos parece un paso demasiado arriesgado: en Alemania ha dado lugar a listas fantasmas para la recolecta de votos… No existe un sistema electoral neutral, siempre tiene efectos positivos para algunos”, argumenta Velasco.

El líder autonómico de UPyD se muestra, al igual que las representantes del PSOE e IU, muy crítico con el dictamen final de la reforma electoral. “El cambio de última hora del PP fue sustancial, el penúltimo documento que nos remitió a los grupos de la oposición decía que la modificación de la ley electoral requiere del cambio del Estatuto de Autonomía y del apoyo de dos tercios de la Cámara. Como siempre ha dicho. Sin embargo, eso desapareció del dictamen final. ¿Quiere eso decir que el PP está dispuesto a apoyar esa vía unilateral? Si es así, nosotros la rechazamos desde el punto de vista político y jurídico. Sería un fraude de ley”, zanja.