El PSM denuncia al Ayuntamiento por malversación en la venta de pisos sociales

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha anunciado esta mañana que denunciará al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) por un presunto delito de malversación de fondos públicos y de sustracción de cosas a su utilidad social por la venta de 1.860 viviendas sociales hace un año al fondo de inversión Blackstone. Esa operación supone, en opinión de Lissavetzky, “una ilegalidad” y debe ser parada por “injusta”, según informa Europa Press.

El Partido Socialista de Madrid presentará la denuncia mañana en los juzgados de la plaza de Castilla. Alega que la venta se realizó a un precio “muy inferior” al valor de mercado para hacer “negocio” con un bien público en un “frenesí vendedor”. Se ha elegido esta fórmula legal para que sea el juzgado el que determine quiénes son los responsables concretos de esos supuestos delitos, si los hubiera. El concejal Gabriel Calles ha añadido además que el fondo de inversión que se hizo con las viviendas está “acosando” y “amenazando” a los inquilinos para imponerles nuevas condiciones en el alquiler.

Botella anunció en 2012 que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) no construiría más pisos y se limitaría a gestionar los que ya tiene. Pero la sociedad está en peligro de liquidación por sus fuertes pérdidas, lo que le ha llevado a vender en un año un tercio de sus pisos de alquiler social. En 2018, le quedarán apenas 4.000 viviendas de las 8.600 que tenía en 2013, y, si se cumplen sus previsiones, ni un metro cuadrado de los 1,42 millones de los que disponía (con capacidad para albergar 10.000 pisos protegidos).

La operación de Blackstone salvó a la EMVS de la desaparición, pero fue ruinosa en términos económicos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicados en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones, es decir, con un descuento del 20%.

La alcaldesa prometió que las condiciones de los inquilinos no cambiarían. Sin embargo, ya han comprobado que no es lo mismo tener como casero a una empresa pública con fines sociales que un fondo de inversión que busca rentabilidad. Blackstone está obligada a mantener las condiciones de los contratos, pero las aplica de forma estricta.

Antes había 300 vecinos que no pagaban; ahora son 50, con cuatro desahucios pendientes y uno a punto de ejecutarse (en los otros tres casos, el Ayuntamiento está buscando un piso alternativo a los afectados).