La pérdida de aforamiento lleva el final del ‘caso ITV’ a la justicia ordinaria

La decisión de Oriol Pujol de renunciar a su escaño en el Parlament va a alterar significativamente la trayectoria judicial del caso ITV. La consecuencia más inmediata es que la causa volverá a ser dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, que inició las pesquisas hace casi tres años. Al perder el escaño, el ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya pierde también su condición de aforado y, por tanto, debe acudir a la justicia ordinaria, como un ciudadano más.

Hace casi tres años, el nombre de Oriol Pujol apareció mencionado por primera vez en un informe de la Fiscalía de Lugo, que le citaba como posible contacto del empresario gallego Jorge Dorribo para introducirse en el negocio de la salud en Cataluña. De las intervenciones telefónicas del caso Campeón nació una derivada, el caso ITV, que estalló con toda su crudeza en marzo de 2012, con la detención de dos altos cargos —uno de la Generalitat y el otro, de la Diputación— y de otros tres empresarios. Estaban acusados de intentar tumbar un concurso público de estaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV) para lograr que se convocara otro a su medida.

Los pinchazos telefónicos llevaron la investigación, inexorablemente, hacia Pujol, a quienes algunos implicados llaman Zumosol en alusión a su poder de influencia. En un informe conocido en verano de 2012 —cuando se levantó el secreto del sumario—, Hacienda afirmó que el dirigente nacionalista era el “colaborador necesario” y aportó su “influencia política” para beneficiar a los implicados, entre los que contaba amigos íntimos (el empresario Sergi Alsina) y protegidos políticos (el ex número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous).

La magistrada López vio indicios de que Pujol cometió un delito de tráfico de influencias —al haber presionado a un alto cargo del Gobierno catalán para colocar a Tous en un puesto clave del sector de las ITV— y elevó una “exposición razonada” al TSJC, competente para investigar al diputado por su condición de aforado. El hombre que se perfilaba como sucesor de Artur Mas encajó el golpe más duro en marzo de 2013, cuando el magistrado del TSJC Enric Anglada le imputó.

La instrucción se le ha puesto a Pujol cada vez más cuesta arriba. Si las intervenciones telefónicas (de 2010 y 2011) provocaron su primera imputación, el análisis de la documentación y los correos electrónicos de los implicados (que se remontan a años anteriores) le valieron una segunda imputación por cohecho. El TSJC ve indicios de que Pujol cobró 30.000 euros de los empresarios a cambio de defender sus intereses en la tramitación de una ley que regulaba el sector de las ITV. La ley se aprobó cuando CiU estaba en la oposición.

El panorama familiar se le complicó aún más cuando resultó imputada, por idéntico delito, su mujer, Anna Vidal. Los investigadores consideran que Vidal fue la puerta de entrada que utilizó la trama para pagar a Pujol por sus favores como político. El último informe de la Agencia Tributaria, dado a conocer hace unos días, concluye que Vidal “encubrió” el pago de comisione a su marido facturando servicios inexistentes.

La investigación se acercaba a su fin sin grandes sobresaltos, con la perspectiva de que un jurado popular decidiría la suerte del diputado. Mañana está prevista la declaración, como testigos, de dos empresarios sin demasiada relevancia. El retorno al juzgado de instrucción número 9 puede retrasar la investigación, coinciden diversas fuentes, aunque no significa la vuelta a la casilla de salida: la magistrada puede dar por buenas las diligencias practicadas las mismas fechas, coinciden esas mismas fuentes: “La instrucción es una y las diligencias están hechas. Además, la acusación es la misma: la Fiscalía Anticorrupción”.