Sombras sobre la mutua Umivale

La sospecha rodea Umivale, la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades arraigada especialmente en la Comunidad Valenciana. El gerente, el expresidente y otra directiva llevan meses imputados a raíz de la denuncia presentada por extrabajadores. En ella se relataban varios supuestos delitos relacionados con fraudes a la Seguridad Social que investiga un juzgado de Quart de Poblet. Las sombras sobre Umivale están relacionadas también, sin embargo, con dos sociedades que compartían sede, coincidente con la de la patronal agroalimentaria valenciana, carecían de trabajadores y actuaron al menos durante una década como intermediarias entre empresas y la mutua a cambio de dinero.

La persona que las creó asegura que esas dos sociedades se fundaron en el marco de un esfuerzo inicialmente filantrópico de la patronal valenciana para ayudar a consolidar una gran mutua autóctona, y que para el año 2004 ya estaban cerradas. Según extrabajadores de Umivale, así como de documentos que han entregado a este diario, en cambio, en 2007 ambas sociedades seguían figurando como intermediarios entre la mutua y sus mayores clientes valencianos: Mercadona, Consum, Importaco, el desaparecido Banco de Valencia, el Consejo Superior de Cámaras de la Comunidad Valenciana, el Valencia CF, Ferrocarrils de la Generalitat, Ayuntamientos de Valencia, Benidorm y Quart de Poblet, Consorcio Hospital General, Ciudad de las Artes y las Ciencias y así hasta medio centenar de empresas y entes que sumaban 55.069 trabajadores.

Si las dos sociedades recibían pagos de la mutua en ese año 2007 por hacer de intermediarias de todas esas empresas y entidades, como sospechan los extrabajadores y niega Umivale, ello habría constituido, aparentemente, un fraude a la Seguridad Social.

La persona que puso en marcha esas dos sociedades y sigue constando como administrador único en el Registro Mercantil, José Granell, niega que ninguna de ellas hiciera de intermediaria para organismos públicos. Umivale señala que no tiene registros de haber pagado a ninguna de las dos sociedades en la última década, un plazo superior al que legalmente está obligada a conservar la contabilidad. Las grandes compañías y entidades públicas que figuran asignadas a esas dos sociedades en los listados de Umivale y han sido consultadas por este periódico aseguran que nunca habían oído hablar de ellas.

En la documentación supuestamente interna a la que ha tenido acceso este diario, cuya autenticidad cuestiona Umivale, estas dos sociedades aparecen asignadas a las empresas y organismos públicos valencianos con mayor número de trabajadores de cuantos están afiliados a la mutua. Cuanto más grandes son las empresas, más dinero pueden ganar quienes les hacen de intermediarios con la mutua, explican dos extrabajadores. Ambos afirman haber preguntado a sus superiores en Umivale por esas dos misteriosas sociedades asignadas solo a grandes clientes y haber recibido evasivas por respuesta. En la práctica, añaden los antiguos empleados, las empresas grandes no utilizan intermediarios porque sus departamentos de recursos humanos se relacionan directamente con la mutua.

Estas dos sociedades se llaman Marcos 1.000 y Gailse. El relato que ofrece su administrador arranca a principios de la década de 1990. Por entonces el Gobierno estaba poniendo orden en el sector de las mutuas; asociaciones de empresarios que gestionan las cotizaciones de sus afiliados a la Seguridad Social para cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus empleados. En aquellos años existían multitud de mutuas y algunas muy pequeñas. El Ejecutivo quería aumentar su tamaño y reducir su número por el camino de las concentraciones. Umivale, fruto de la unión de 22 mutuas, todavía no existía (se fundó en 2006). Sí existía, en cambio, uno de sus antecedentes directos, Mutua Valenciana. A pesar de que más tarde se integró con otras mutuas, incluida la de la gran banca (Santander y BBVA) la sede de Umivale ha permanecido hasta ahora en Valencia.

Mucho antes, según la narración de Granell, hace unos 20 años, los responsables de Mutua Valenciana pidieron ayuda a la patronal valenciana para no desaparecer y consolidar una gran mutua autóctona. El entonces presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José María Jiménez de la Iglesia, trasladó la petición a las federaciones que la integraban. Y la Federación de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova), de la que Granell era secretario general y Federico Félix ya entonces presidente, recogió el guante.

Fedacova facilitó a la mutua (que en 1996 pasó a llamarse Mutua Valenciana de Levante, Muvale) una lista de sus empresas asociadas. Y a éstas les escribió contándoles las oportunidades que prometía Muvale. Las mutuas no pueden pagar a nadie por buscarle asociados. Y según Granell, Fedacova no cobró por ello.

El ex secretario general de la federación afirma, sin embargo, que las empresas que se apuntaron empezaron a llamar a Fedacova para trasladar quejas sobre la mutua. Un médico que no se había presentado a la revisión, un botiquín que no había llegado... La mutua, dice Granell, aún no había alcanzado el grado de eficacia que adquiriría más tarde.

“Ese trabajo nos iba ocupando cada vez más tiempo”, cuenta Granell. Y por ello, añade, crearon Gailse en 1994 y dos años más tarde Marcos 1.000. Granell asegura que en la fundación participaron otras ramas de la patronal, aunque entre los socios solo cita a Félix y a Jiménez de la Iglesia.

A continuación, sigue Granell, firmaron un contrato con la mutua para que ésta les “compensara” a través de Gailse y Marcos 1.000 “los gastos” que entonces soportaba Fedacova: “Personal, teléfonos, tiempo...”. “Nosotros nos obligábamos a atender todas las llamadas que tuviéramos” y a tramitar las quejas y la mutua a pagar “una iguala” a Gailse y a Marcos 1.000. Granell añade que ambas sociedades se convirtieron en intermediarias de forma oficial bajo la figura de “colaboradoras” y que todo fue legal.

La ley establece, sin embargo, que las mutuas solo pueden pagar a los colaboradores por tramitar seguros sociales (accidentes de trabajo, bajas laborales...), no por otro tipo de gestiones, ni por atender quejas. La retribución a los colaboradores está, además, muy tasada. Consiste en un pequeño porcentaje de lo que las empresas a las que sirven de intermediarias ante la mutua cotizan a la Seguridad Social por sus trabajadores. Las mutuas carecen por definición de ánimo de lucro y los fondos que gestionan pertenecen a la Seguridad Social.

Endurecimiento de la regulación

Fue el endurecimiento de la regulación, que exigió que los colaboradores pasasen a comunicarse con la mutua mediante un sistema informático, lo que decidió a la patronal a cerrar las sociedades entre 2003 y 2004, cuenta Granell. No las dieron de baja en el Registro Mercantil, aunque Gailse consta en estado de liquidación desde 2004, “porque no era obligatorio y costaba dinero”.

¿Cómo es posible que Gailse y Marcos 1.000 aparezcan entonces como colaboradores en listados de 2007? Granell no lo sabe y dice que deberían explicarlo los dueños de los listados o la mutua.

Umivale responde que revisados “los estados financieros y registros contables de los últimos 10 ejercicios” no le consta ningún pago a esas dos sociedades.

Granell afirma que Gailse y Marcos 1.000 ingresaban unos 18.000 euros al año y el dinero se destinaba a compensar a Fedacova por la labor y pagar gastos de la sociedad, como tributos. Los años en que las sociedades depositaron las cuentas en el Registro Mercantil, constan, sin embargo, ingresos casi siempre superiores. En 2002, Marcos 1.000 percibió 91.000 euros. Y en documentación supuestamente interna de Umivale figura que la mutua pagó en realidad ese mismo año a Marcos 1.000 un total de 103.429 euros. Cantidad mucho mayor que la que recibieron los demás colaboradores. Ese importe coincide con un porcentaje cercano al 1% de la cotización por accidentes laborales y enfermedades profesionales que hacían las empresas de las que era intermediaria.