El TSJ anula el ‘decreto Vela’, que recortó la jornada y el sueldo a los interinos

La Generalitat Valenciana vulneró el derecho de los trabajadores interinos a la igualdad de trato con los funcionarios cuando estableció en febrero de 2012 mediante una resolución de la Consejería de Hacienda un recorte en su jornada y su salario dentro de las medidas extraordinarias de reducción del déficit público recogidas en el denominado decreto Vela(por el nombre del consejero de Hacienda de entonces). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana fechada el 9 de julio anula esa resolución y reconoce a los recurrentes el derecho a percibir las remuneraciones que les fueron descontadas.

La sentencia, que considera que el artículo 3 del decreto vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, es consecuencia de un recurso contra una resolución de un juzgado de primera instancia que denegó la pretensión de anular la medida. El TSJ se basa en una directiva europea que establece la prohibición de "cualquier diferencia de trato no justificado objetivamente respecto de los trabajadores con contratos de duración determinada". Además, considera que la contención del déficit público no es una justificación suficiente para tratar a los interinos de manera diferente al resto de trabajadores, ya que solo valdría para ello que la decisión se basara en necesidades del servicio y se aplicara en el momento de su contratación.

La resolución recortó la jornada de los interinos a 25 horas semanales

Los 50 recurrentes que han ganado el caso presentaron uno de los recursos promovidos por el Sindicato de Interinos de la Generalitat Valenciana-Igeva. El fallo cuenta con el voto particular de uno de los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ, —que cree que debió desestimarse o plantearse como una duda de constitucionalidad—, y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

El cumplimiento de la sentencia, solo para los 50 recurrentes, implica un coste de unos 300.000 euros, según estimaciones sindicales. En conjunto, la medida anulada afecta a más de 3.500 interinos de la Generalitat Valenciana, que vieron reducida durante dos años su jornada a 25 horas semanales y proporcionalmente sus salarios. Solo quedó excluido de la medida el personal no docente en centros docentes, el del Servef y el de los centros de emergencias y de residencias de menores y de la tercera edad, además de aquel que el Consell consideró imprescindible en otras áreas.

Mireia Mollà recuerda que ya se advirtió al Consell de la ilegalidad

Otros recursos similares pendientes, en los que en algunos casos se agrupan hasta 500 interinos, serán retirados para pedir una "extensión de sentencia" y adherirse al fallo del TSJ. Aquellos interinos que no recurrieron a los tribunales tendrán que reclamar por vía administrativa y, una vez les denieguen la petición, sumarse a la extensión de sentencia por vía judicial, explicaron desde el Sindicato de Interinos-Igeva.

La diputada de Compromís Mireia Mollà aseguró que la sentencia supone "un nuevo varapalo judicial a la acción del gobierno del PP al que se advirtió de la ilegalidad del decreto". Pese a las advertencias de organizaciones sindicales, añadió, "el Consell ha persistido en su pretensiones", una actitud que "ahora se le vuelve en contra". Mollà indicó que "las estimaciones de los pagos que se tendrán que abonar es complicada de hacer de manera inmediata, pero es evidente que serán muchos millones, más los intereses de demora”. Según la diputada, el entonces conseller de Hacienda, José Manuel Vela, “debería asumir personalmente las consecuencias de esta sentencia porque sabía perfectamente que era ilegal lo que estaba haciendo”.

El diputado socialista Rafael Rubio, por otra parte, anunció que su grupo pedirá la comparecencia en las Cortes Valencianas de los responsables de Función Pública (el secretario autonómico es Pedro García Ribot). “Esta sentencia por vulneración de derechos fundamentales es un hecho muy grave. Nosotros ya nos manifestamos en contra porque consideramos que no había razón alguna para aplicar la reducción al personal interino”, señaló Rubio.