La juez encarga otra peritación del accidente de metro a un imputado
Pide a Cortabitarte que determine si el estado de la UTA 3736 fue una de las causas del vuelco El técnico de Adif está imputado por el accidente del Alvia en Angrois

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha pedido al perito judicial que hizo el informe del accidente de metro en la primera instrucción -que se archivó en 2008- que determine si el estado de la Unidad de Tren Articulado (UTA) 3736, que volcó en julio de 2006 en la línea 1 del metro de Valencia, fue una de las causas del accidente, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
El encargo de la magistrada, en forma de providencia, llega poco después de que ésta rechazara la solicitud de la Asociación de Víctimas del Metro (Avm3j) de recusar a Andrés Cortabitarte, empleado de Adif y ahora imputado en el accidente del Alvia en Santiago, donde murieron 79 personas. El abogado de las víctimas entiende que una persona implicada en otro accidente de ferrocarril no debía peritar un siniestro de parecidas características.
Molina le pide también a Cortabitarte que informe si la segunda unidad que conformaba el convoy accidentado, la 3714, tuvo alguna incidencia en el descarrilamiento. Para realizar el informe, la juez remitirá al perito la documentación relacionada con las dos unidades -una de ellas prácticamente se desguazó-, las declaraciones de los agentes que hicieron el informe técnico policial, operarios de talleres y maquinistas, y la lectura de velocidad de la caja negra de la UTA 3714, la última del convoy y que no llegó a volcar.
En un auto, la juez desestima otra petición de los abogados de las víctimas para que se aporten los justificantes de pago de cuatro balizas de frenado, situadas entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, donde descarriló el tren. "Carece de utilidad por irrelevante para la investigación", ha dicho la magistrada, que recuerda que en el sumario consta el presupuesto de instalación del sistema FAP (de frenado automático) y el contrato suscrito por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y Siemens, empresa que suministró y colocó las balizas en la línea de metro. "Individualizar el importe concreto de las cuatro balizas que señala la parte no aporta nada a la investigación ni es relevante para la imputación a terceros de la falta de previsión", ha agregado.
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