El conselleiro de Educación suma 16 sentencias contrarias a sus políticas

Las decisiones políticas del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, acumulan 16 sentencias judiciales en contra. La más reciente, la del Tribunal Supremo que declara ilegales las ayudas —tres millones de euros para atender a 1.500 alumnos— que Vázquez concedió a los centros vinculados al Opus Dei que segregan por sexo. Y la primera, apenas tomó posesión, en 2009, cuando firmó la prohibición de celebrar actos informativos y divulgativos en los centros. Aquella vez le tumbó el decreto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Entre una y otra, la justicia ha ido considerado ilegales una larga decena de decisiones políticas de Vázquez relacionadas en su mayoría con los recortes. El grupo parlamentario de AGE, que ha hecho el pormenorizado recuento de los fallos que cuestionan la legalidad de la política educativa de la Xunta, cree que el cúmulo de incumplimientos legales es de tal calibre que, “acorralado por los jueces por su actuación al margen de la ley y enfrentado a la comunidad educativa desde casi el inicio de su mandato”, el conselleiro debe dimitir. PSOE y BNG suscriben esa petición y la CIG pide su inhabilitación.

A Vázquez no le ha temblado el pulso para firmar, una tras otra, decisiones políticas que cuestionaban el sistema legal. En el caso de la subvención a los centros que segregan por sexo, el conselleiro fue pertinaz. Mientras esperaba a la sustitución de la LOCE —la ley que prohíbe subvencionar con fondos públicos a los centros segregadores— por la Lomce que, impulsada por el PP, entrará en vigor en el inmediato curso académico, Vázquez retiró los conciertos en esos centros únicamente en los primeros ciclos (los mantuvo en los restantes) esquivando así la sentencia del TSXG.

El parlamentario de AGE Ramón Vázquez insiste en que “no hay argumentos pedagógicos que sostengan la segregación en las aulas” por lo que, en su opinión, la política de la consellería “responde solo a motivaciones ideológicas reaccionarias a favor de una enseñanza católica”. El diputado sustenta además su tesis en el dato de la caída “de un 40%” del alumnado matriculado en Religión. Mientras tanto, el conselleiro mantiene inamovible su política de recortes por la que arrastra siete sentencias contrarias: por la ampliación del horario lectivo del profesorado de las escuelas de idiomas, por las restricciones en el empleo del comedor escolar por el profesorado, por la merma salarial por la jubilación anticipada, por sancionar al director del IES de Cee por denunciar recortes en el centro, por imponer una penalización salarial al profesorado de baja por intervenciones quirúrgicas, por suprimir la paga extraordinaria del personal no docente no universitario y por eliminar, también, la del personal docente e investigador universitario. El listado se completa —además de con las dos, del TSXG y del Supremo, contra las ayudas a los centros segregadores— con sentencias que tumbaron sus decisiones sobre los concursos de traslado del profesorado, el reconocimiento médico, del Decreto del Plurilingüismo y la supresión de la licenciatura de Físicas en Ourense.

Pese a ello, los recortes continúan. El también parlamentario de AGE Xavier Ron explicó ayer en rueda de prensa que el gabinete de Jesús Vázquez está llamando este mes a distintos centros anunciando la supresión de profesorado “sin dejar margen de reacción a los equipos directivos” pero, además, sin hacer público el anuncio “para evitar la protesta de la comunidad educativa”.