El desfile de ediles imputados del PP en Orihuela arranca el día 28
El juez les cita a declarar por "graves irregularidades" en al menos 15 contratos diferentes
El desfile por el juzgado como imputados de todos los concejales del PP que formaron parte de la Junta de Gobierno en la anterior legislatura arrancará el día 28 de julio y se prolongará tres días. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) la primera en declarar será la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pepa Ferrando.
Ese mismo día 28 también están citados por el juzgado de Orihuela Antonio Lidón y Manuel Abadía. Al día siguiente será el turno para Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez y José Antonio Aniorte. Y por último, el 30 de julio será el turno de José Ruiz, José Manuel Cutillas y Antonio Rodríguez Barberá.
El juzgado también insta a la Diputación de Alicante a que nombre a un funcionario del área de hacienda para que en el plazo de 30 días informe sobre si se debían de haber pagado estas facturas, pese a los reparos del interventor municipal.
En el escrito de citación el juez admite que pueden existir "graves irregularidades" en al menos 15 expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento de Orihuela, cuando estaba gobernado por el PP, "omitiendo las normas aplicables, fraccionando el objeto del contrato con la finalidad de eludir el procedimiento legalmente establecido, falseando las invitaciones u ofertas presentadas para darle apariencia de legalidad".
Y entre los contratos bajo sospecha está el asfaltado de la avenida de Francia en la urbanización Mil Palmeras (40.000 euros), la pavimentación del paseo marítimo que rodea esta misma urbanización (19.000 euros), el asfaltado de la carretera de Villamartín (40.000 euros), la memoria para realizar un parque infantil en la urbanización Punta Prima (15.000 euros), otra memoria para otro parte infantil en La Florida (15.000 euros) y otra para la urbanización Villamartín.
También figuran otras contrataciones relacionadas con la instalación de alumbrado en siete urbanizaciones diferentes. El juzgado resume todas las reuniones de las Juntas de Gobierno en las que se aprobaron estos pagos a empresas de Ángel Fenoll, el principal imputado en el caso Brugal.
El caso nace de una denuncia presentada por la exregidora del PSPV en esta legislatura, Antonia Moreno. En 2009, Moreno denunció que la Junta autorizaba pagos a las empresas de Fenoll por servicios “no sometidos a permisos o sin contrato” como eran la limpieza de Orihuela Costa y de dependencias municipales.
La documentación entregada a fiscalía por Antonia Moreno, que ocupó el área de urbanismo del actual gobierno de verdes y socialistas hasta su dimisión, apunta a la existencia de pagos por valor de 55 millones de euros con reparos desde 2002, “de forma reiterada y a determinadas mercantiles”.
La presidenta del PP oriolano y actual portavoz, Pepa Ferrando ya se apresuró la semana pasada ya acusó a los socialistas de “no saber otra cosa que ir al juzgado”. “Una vez más iremos con la indignación y la tranquilidad de siempre a dar cuenta”, dijo una Ferrando.
