El PP busca ahora el máximo consenso para la política urbanística

“No descartamos a nadie”, empieza por puntualizar el diputado del PP David Serra, miembro de la comisión que debate la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Las Cortes Valencianas aprobarán ese proyecto legislativo, junto a la nueva Ley de Calidad Ambiental, antes de las vacaciones en un “pleno escoba” cuya fecha no ha sido fijada todavía pero que, en principio, será el 17 de julio. Sobre el desastre territorial, financiero y económico que ha dejado el urbanismo salvaje de los años de las vacas gordas, los populares buscan ahora el máximo consenso para esa ley que todos califican como “la más importante de la legislatura” y que Serra lleva más allá cuando alude a ella como “la más importante en los últimos diez años”.

Si hay un pacto o no al final es algo que se decantará en los próximos días, en los que habrá contactos entre el PP y el resto de grupos parlamentarios. Pero el propio Serra no esconde que persigue, al menos, el voto favorable de los socialistas a una ley que trata de poner orden en la maraña normativa que han dejado los años locos de la burbuja inmobiliaria. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, pretende convertir en un emblema esta nueva norma que deroga cinco leyes, la mayoría de la etapa al frente del departamento de Territorio de Rafael Blasco, hoy condenado a ocho años de cárcel por el fraude en las ayudas de cooperación. Se trata de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de 2004, la Ley de Suelo no Urbanizable de ese mismo año, la Ley Urbanística Valenciana, de 2005, la Ley Reguladora de Campos de Golf de 2006 y La Ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas de 2012, así como de dos reglamentos, el de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, y el del Paisaje, ambos de 2006.

Tras ver descartadas sus enmiendas a la totalidad, la oposición presentó enmiendas parciales al proyecto. Casi la mitad, 128, corresponden a los socialistas. El PP asumió 16 de esas enmiendas y ha ofrecido transaccionales sobre otras 28. “Sabemos que quieren que la ley salga con nuestro voto”, comenta el diputado del PSPV-PSOE Francesc Signes, que reconoce que en la elaboración de la LOTUP se han “contrastado responsablemente” varios borradores con su grupo, pero advierte: “Las líneas rojas que hemos planteado siguen vigentes, por eso en estos momentos no estamos en posición de apoyar el proyecto”.

El grupo mayoritario ha propuesto 28 transaccionales al PSPV-PSOE

Esas líneas rojas consisten en la necesidad de establecer “programas de transparencia urbanística” que dejen claras las consecuencias económicas y plusvalías que se derivan de las actuaciones; el mantenimiento del 30% de reserva de suelo para vivienda protegida frente a la pretensión de la ley de suprimirla; el mantenimiento de un porcentaje de aprovechamiento urbanístico (las plusvalías que corresponden a la Administración) en función de la rentabilidad económica de las actuaciones hasta un máximo del 20% frente a la reducción al 5% que propone la norma; la formulación de un informe coordinado que absorba la proliferación de informes que se evacuan actualmente sobre los proyectos urbanísticos, y la prevalencia del interés general frente a la pretensión de exonerar de deberes urbanísticos a ciertas dotaciones privadas.

“Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo”, insiste el popular David Serra, que no descarta aproximaciones en ninguna de esas cuestiones: “No decimos de entrada que no a nada”. El diputado del PP concede, por ejemplo, que “la transparencia urbanística se ha de reflejar en la ley de alguna forma”, y añade que se puede llegar a un acuerdo en la reserva para VPO. Serra es menos optimista sobre la posibilidad de pacto con Esquerra Unida y señala como obstáculo insalvable la pretensión de prescindir de instrumentos como el plan de reforma interior. Tanto con EUPV como con Compromís hay discrepancias en la legalización de urbanizaciones diseminadas anteriores a 1975.

David Serra:

“Valoramos cierto esfuerzo negociador”, sostiene Juan Ponce, de Compromís, que señala sin embargo fuertes discrepancias precisamente en el asunto de las urbanizaciones ilegales y en la regulación de las actuaciones territoriales estratégicas (ATE), que describe como un mecanismo para “hacer lo que me parezca donde me vaya bien siempre que sea grande”. Compromís presentó 55 enmiendas parciales de las que el PP aceptó una y propone transaccionar dos o tres.

En términos parecidos se pronuncia Lluís Torró, de Esquerra Unida. “Vemos positivo que la pretensión declarada de la ley sea acabar con los excesos del crecimiento descontrolado, pero hay muchas discrepancias”, indica. Y apunta a los planes parciales y de reforma interior, que “alteran la ordenación estructural”. También rechaza que se mantenga la figura del agente urbanizador, que en su opinión “otorga potestades a la iniciativa privada que deberían ser públicas”. EUPV tiene la oferta de transaccionar dos o tres de las 54 enmiendas que presentó. “Buscan el voto favorable del PSPV y nuestra abstención”, dice Torró, “pero la veo difícil”.