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Imputada toda la Junta de Gobierno del PP en Orihuela

El único concejal que quedaba al margen también se ve implicado

El único edil que quedaba por imputar del último gobierno del Partido Popular en Orihuela, entre 2007 y 2011, ya lo está. Antonio Rodríguez Barberá, concejal en la actualidad y expresidente de la Junta de Gobierno municipal ha sido citado por un juzgado de primera instancia de Orihuela junto a ocho ediles populares que formaban el equipo de gobierno de la exalcaldesa Mónica Lorente. Bajo la sospecha de la prevaricación, los nueve imputados deberán explicar los pagos realizados con reparo del interventor municipal a empresas de Ángel Fenoll, considerado cabecilla del caso Brugal y sospechoso de financiar las campañas de Lorente.

La imputación de Rodríguez Barberá se suma a la de toda la Junta de Gobierno de Mónica Lorente, quien curiosamente no formaba parte de esta pese a ser la alcaldesa. El caso nace de una denuncia presentada por la exregidora del PSPV en esta legislatura, Antonia Moreno.

En 2009, Moreno denunció que la Junta autorizaba pagos a las empresas de Fenoll por servicios “no sometidos a permisos o sin contrato” como eran la limpieza de Orihuela Costa y de dependencias municipales.

Para la presidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando —imputada en este caso y en el de las facturas de Fitur—, los socialistas “no saben otra cosa que ir al juzgado”. La popular acusó además al actual gobierno de verdes y socialistas de aprobar facturas con reparos de intervención. “Una vez más iremos con la indignación y la tranquilidad de siempre a dar cuenta”, dijo una Ferrando que será la que abra el próximo 28 de julio el baile de declaraciones.

La documentación entregada a fiscalía por Antonia Moreno, que ocupó el área de urbanismo del actual gobierno de verdes y socialistas hasta su dimisión, apunta a la existencia de pagos por valor de 55 millones de euros con reparos desde 2002, “de forma reiterada y a determinadas mercantiles”.

A la espera de que comiencen todos los juicios que pesan sobre una gran parte de los concejales populares en la capital de La Vega Baja, la situación no deja de ser una anomalía. En la actual bancada del PP, de 12 ediles que tiene, siete están imputados y uno condenado. Solo cuatro de ellos están libres de sospecha, los que se han estrenado en esta legislatura y nunca tocaron poder.

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