Todos los caminos de Alicante conducen a Enrique Ortiz

“Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley”, cantaba Enrique Ortiz las pasadas navidades con unos amigos durante una comida en un restaurante alicantino. La ranchera El Rey parece escrita por el mexicano José Alfredo Jiménez para el empresario, un hombre voraz en los negocios que mueve los hilos de los políticos, del color que sean, en función de su interés. Canciones aparte, el promotor alicantino prefiere con dinero que sin él. “Nada”, le decía a un empleado que le anunciaba la posibilidad de acudir a un concurso para construir un aparcamiento subterráneo en la madrileña calle Serrano por 110 millones de euros. “O tenemos garantía de que nos lo dan o no vamos”, sentenció Ortiz, en una de las grabaciones cuya transcripción llena más de un millar de páginas.

Las conversaciones telefónicas interceptadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica en el caso Brugal, en el que está imputado Ortiz, servirán para instruir la pieza del caso Rabassa. Su contenido trasciende los múltiples intereses del promotor. Constituye una radiografía de la sociedad en la que se mueve el constructor, en la que todo parece relacionado con todo y en la que los intereses de lo público y de lo privado se confunden: viajes de vacaciones en aviones privados con alcaldes y concejales del PP, negociaciones para vender un coche de lujo a un técnico municipal, comidas y cenas celebrando la adjudicación de contratas...

La lista de favores es abultada. El exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, llegó incluso a pedir a Ortiz trabajo para el hijo del fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero. Gran parte de la sociedad alicantina habla por teléfono con Ortiz, un incansable buscador de negocios que no entiende de horarios ni de fronteras. Sus intereses son múltiples: los parques eólicos y el equipamiento de los nuevos juzgados, un hotel en Tabarca para otro amigo empresario o la explotación de tranvías, no solo en territorio valenciano, también en Murcia. Si se lo piden, coloca a gente en algún hospital privado en cuyo accionariado participa o bien en sus empresas encargadas de limpiar las dependencias universitarias, municipales e incluso la Audiencia de Alicante, donde está la fiscalía que lo investiga.

A tenor de las escuchas e informes policiales no es alguien que se arriesgue. “Hay que ver qué compromiso político de si nos lo van a dar [sic]; si no, no perdemos el tiempo, que te diga Juan Amirola [el presidente de la escuela de negocios alicantina Fundesem] quién es su padrino”, le dijo a un empleado respecto al negocio del aparcamiento madrileño. “Sin un 75 u 80% de porcentaje de éxito”, la opción de Ortiz era clara: “No me gasto el dinero”.

Mucho dinero se mueve en sus manos y muchos son los contactos políticos que tiene en su agenda, y de los que alardea entre otros empresarios. En las conversaciones figuran una larga lista de alcaldes, diputados y altos cargos del PP, pero también destacados dirigentes socialistas como Ángel Franco o Chema Pajín, padre de la exministra Leire Pajín.

Su principal objetivo urbanístico fue primero el Plan Rabassa, cuya tramitación anularon hasta en cuatro ocasiones diferentes los tribunales, y ahora pretende rescatar con la instalación de una gran área comercial sobre esos terrenos, la mayoría propiedad de una sociedad participada por él. En un pinchazo del 11 de septiembre de 2008, referido a la instalación de una tienda Ikea en Rabassa, Sylvain Laval, director de Expansión de la multinacional sueca en España, Ortiz le llamó para ver cómo habían ido unas reuniones de la multinacional con la consejera de Industria de entonces, Belén Juste. “Contigo siempre, es un placer: ¡mafia española!”, exclamó un Laval a Ortiz que, en tono jocoso, contestó: “¡La mafia española! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Te gustó, eso te gustó, tener un amigo mafioso, ¿eh?”. El negocio millonario de Ortiz está en la venta del suelo y posterior explotación y gestión del centro comercial. La Generalitat acaba de aprobar una Actuación Territorial Estratégica (ATE) para agilizar los plazos y poder iniciar la urbanización de la zona.

Cuando quiere algo, Ortiz no ceja. La entonces consejera solo quería una tienda Ikea en la Comunidad Valenciana, pero Ortiz brinda y compromete a los suecos el apoyo del entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y se ofrece como mediador con otros consejeros. “Tengo muy buena relación, yo siempre te lo he dicho desinteresadamente, cuando me necesitéis para lo que sea, me lo dices porque yo puedo hablar también con Vicente Rambla”, entonces vicepresidente primero de la Generalitat y número dos de Francisco Camps.

Otro de los detalles que desvelan las conversaciones es que Ortiz, al enemigo, ni agua. El promotor, molesto por la oposición de la Plataforma de Iniciativa Ciudadanas (PIC), que recurrió el Plan Rabassa, se encargó de pedir a un director del diario gratuito Metro, con accionariado de Ortiz, que “pusiera a su gente a trabajar contra el prestigio” de Manuel Alcaraz, presidente entonces de la PIC. Alcaraz, profesor de Derecho en la Universidad de Alicante, exdiputado y exconcejal, fue compañero de colegio de Ortiz. En la conversación Ortiz se despide así del periodista: “Bueno, empezad a pegarle hostias”.

Tanto el empresario como a la alcaldesa, Sonia Castedo, les motiva colocar a los amigos y descabalgar a los enemigos. Uno de los episodios más turbios de las escuchas es el intento de la alcaldesa que quitarse de en medio a Pedro de Egea, entonces presidente de los comerciantes de Alicante, que se oponía a una gran área comercial en Rabassa. En una conversación grabada el 9 de febrero de 2010, la regidora pide a Ortiz, propietario del Hércules club de fútbol, la posibilidad de “meter a alguien en el consejo del Hércules” para echarlo después. El empresario accede. El plan de la alcaldesa, según la grabación, es “provocar” que dimita como presidente de los comerciantes. “Eres una máquina”, piropea Ortiz a Castedo.