Carlos Fabra niega ante el juez saber cómo se financiaba el PP valenciano

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia ha negado este jueves haber tenido conocimiento de cómo se financiaba su partido, cómo pagaba los actos electorales o de quién tenía capacidad para hacerlo. Fabra declaraba como testigo en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Ante el juez José Ceres, Fabra ha rechazado haber participado en los pagos opacos que según la Agencia Tributaria realizó la formación a las empresas de la trama Gürtel en las campañas electorales de 2007 y 2008.

El histórico dirigente de la Diputación de Castellón, cargo que ocupó entre 1995 y 2011 continuando así una larga tradición de su familia, fue condenado hace unos meses a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales.

El magistrado que investiga el caso Gürtel en Valencia ha recibido desde octubre dos informes de la Agencia Tributaria sobre las corruptelas en la financiación del PP valenciano en los que se señala a Fabra como uno de los responsables. Los inspectores de Hacienda consideran que el dirigente realizó “una actividad de colaboración necesaria en la comisión de los delitos de defraudación tributaria” por parte de las empresas de Francisco Correa.

En los dos años investigados, solo Orange Market, la filial valenciana del grupo, defraudó 1,6 millones de euros al fisco. La Agencia Tributaria ha concluido que el PP regional “colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”. Y los inspectores atribuyen personalmente a Fabra un pago por de campaña no declarado de 90.000 euros.

Pero la supuesta transacción, que fue anotada por la trama en documentos de los que más tarde se incautó la policía, no era recordada este jueves por el expresidente de la Diputación de Castellón. La memoria tampoco le permitía recordar a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, imputada en la causa de financiación y pese a ello mantenida en el puesto por Génova. Ni quién podía ser el responsable orgánico de contratar las vallas y las cuñas de propaganda electorales.

Los informes de la Agencia Tributaria han atribuido idéntico delito que a Fabra (colaboración en la defraudación fiscal) a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Y al ex número dos de la Diputación de Castellón y alcalde de La Vall d’Alba, Francisco Martínez. Ninguno de ellos ha sido hasta el momento imputado en el caso. Sí lo está la antigua dirección del PP regional, incluidos cuatro excargos que siguen siendo diputados en las Cortes Valencianas.

El juez Ceres citó a declarar por la financiación ilegal al mismo tiempo a Carlos Fabra y al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que lo hará la semana que viene como imputado y por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, en Madrid. Bárcenas ya fue interrogado sobre estos hechos en 2012, en una declaración marcada por las evasivas. Desde entonces, la situación judicial del extesorero se ha agravado por el descubrimiento de sus cuentas en Suiza, y su relación con la dirección del partido ha degenerado de forma imparable.