El juez de Nóos procesa a cuatro excargos de Camps y exculpa a Grau

El juez José Castro puso fin ayer a la instrucción del caso Nóoscon un auto de 167 páginas, donde exculpa al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y al empresario Miguel Zorio pero mantiene la imputación de cuatro altos cargos del entonces gobierno de Francisco Camps. La trama de Nóos cobró 4,5 millones de euros de fondos públicos que no se justificaron. El instituto de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, no ha justificado 2,6 millones de euros de los que cobró de las Administraciones locales por tres ediciones de los Valencia Summit —congresos sobre ciudades y deportes— y la preparación de una candidatura para unos Juegos Europeos.

En el auto, el magistrado archiva la causa contra Grau porque no ha encontrado “actividad maliciosa” en su actuación como presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) en la firma de los convenios que permitieron las tres ediciones —2004, 2005 y 2006— de los Summit. Además, considera que estos convenios le llegaron al vicealcalde “digeridos” desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), y no le consta que tuviera contacto alguno con Urdangarin, su socio Diego Torres o alguno de sus emisarios. A la vista de las contradicciones sobre la naturaleza jurídica de la fundación municipal, Castro concluye que no hay certeza al ciento por ciento y exculpa a Grau de evadir la ley de contratos públicos.

De Miguel Zorío, propietario de la firma Lobby Comunicación, Castro reconoce que era una persona “muy bien relacionada” en el seno de la Generalitat Valenciana y no es descartable que interviniese en la consecución de los Juegos Europeos pero el magistrado apunta que no advierte infracción penal. El magistrado sí da un tirón de orejas al expresidente Francisco Camps cuando califica de “impensable” en una Administración “seria” que a mediados de 2005 Camps encargara a su entonces vicepresidente, Víctor Campos, que viajase a Barcelona, acompañado de Zorío, a la sede del Instituto Nóos para indagar la posibilidad de que la entidad del duque de Palma colaborase con el Gobierno valenciano.

Castro mantiene la imputación de cuatro ex altos cargos del Consell de Camps: el exsecretario de Turismo Luis Lobón y los ex directores generales de CACSA José Manuel Aguilar y Jorge Vela, imputados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad. Y la exdirectora de Gestión de la Ciudad de las Artes Elisa Maldonado, imputada por lo mismo.

El auto describe cómo Luis Lobón se entrevistó con Diego Torres, el socio de Urdangarin en Nóos, en 2004 previa recomendación de “una instancia superior” por su relación con el duque de Palma, quien había tenido contactos con el presidente Camps. Lobón encargó a Aguilar que diera forma al encargo de organizar los Summit, unos eventos en los que se comenzó a trabajar mucho antes de la firma del convenio con CACSA. Castro arguye que Nóos impuso “unilateralmente las condiciones económicas al margen de cualquier proceso de negociación”. No hubo informe de viabilidad técnica, financiera y jurídica, ni tampoco un estudio de los precios de mercado, reprocha Castro en el auto.

El proceso se agrava con la elaboración de uno de los informes técnicos que se incorporan posteriormente para justificar el convenio y que resulta “falso”, dice el auto. Lo encargó en 2005 Jorge Vela, que sucedió a Aguilar en la dirección general de la sociedad pública, a la entonces responsable de Gestión Elisa Maldonado, según reconoció ésta en sede policial. Le pidió que redactara un informe que sirviera para el evento de ese año y le cambiara la fecha para aparentar que se había elaborado antes de la firma del convenio. El magistrado ve censurable que los gastos de estancia de Urdangarin se cargaran a CACSA y a la fundación Turismo Valencia, al margen los 900.000 euros del canon.