Errores en la instrucción anulan la causa contra la retirada de multas

Errores en la investigación judicial del caso han llevado a la Audiencia Provincial de Lugo a absolver a los 23 acusados, varios de ellos cargos públicos, de promover, interceder o beneficiarse de retiradas de multas ante la jefatura de Tráfico de esa provincia. Se les imputaban delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación, pero el tribunal considera que las escuchas policiales que permitieron iniciar la investigación no pueden ser tenidas en cuenta y que a partir de ellas “todas las pruebas presentadas fueron obtenidas de modo procesalmente irregular”.

 La conocida como trama de las multas tiene su origen en otra investigación judicial previa sobre tráfico de drogas, génesis a su vez del caso Campeón sobre subvenciones irregulares. Las escuchas policiales de aquella investigación original revelaron que diversos cargos públicos y funcionarios intercedían ante la Jefatura Provincial de Tráfico para que se retirasen multas, a ellos mismos o a otras personas. En 2008 la jueza instructora del caso original sobre narcotráfico, Estela San José, asumió e impulsó también la investigación del segundo. Lo hizo de forma irregular, según dictamina ahora la Audiencia, porque “no existe conexidad alguna entre ambas presuntas infracciones”. El tribunal provincial considera que la investigación sobre las multas retiradas debió seguirla otro juez, al que le correspondiese en el reparto habitual de casos que se realiza entre los juzgados de instrucción. Sin embargo, San José no decidió abrir un caso separado hasta “casi cuatro años más tarde, a petición del ministerio fiscal”, por lo que, según la Audiencia, incurrió en una “anarquía competencial y procesal”.

El tribunal dice en su sentencia que, “sin entrar en el fondo del asunto”, debe “decretar la nulidad de las actuaciones” y de todas las pruebas obtenidas “a partir del descubrimiento o hallazgo casual de la existencia de los presuntos delitos”. En particular, indica que las escuchas telefónicas fueron realizadas “de forma irregular por un órgano judicial que ya no debía conocer del asunto”.

La causa llegó a contar con 78 imputados, pero solo 23 fueron llevados al juicio que se celebró hace un mes. En el banquillo se sentaron quien era jefe de Tráfico en Lugo, Julio González Díaz; el entonces subdelegado del Gobierno, Jesús Otero (PSOE); el ex concejal de Tráfico en la capital lucense José Rábade (PSOE); el ex diputado autonómico Miguel Ángel Fernández (PSOE); el alcalde de Muras, Issam Alnagm (PP); el ex alcalde de Meira Antonio de Dios (independiente); y el ex delegado provincial de la Consellería de Cultura, Juan José Molina (BNG). También fue llevado a juicio el alcalde socialista de Pedrafita, José Luis Raposo, pero en la vista oral el fiscal retiró su acusación por falta de pruebas. Además de los cargos políticos y del jefe provincial de Tráfico, se sentaron en el banquillo una funcionaria de ese departamento y un ex vicario y deán de la Catedral de Lugo.

El ex subdelegado del Gobierno Jesús Otero que había dimitido del cargo tras su imputación, dijo ayer sentirse “contento y satisfecho” con la sentencia, pero lamentó que tuvieran que pasar seis años y medio desde que fue imputado. Otro de los absueltos ahora, el exconcejal lucense de Tráfico José Rabade, no tuvo reparos en calificar la instrucción de “desastre” y preguntarse quién le repone “su honorabilidad durante siete años”.

En la causa también está implicado el diputado socialista autonómico José Ramón Val Alonso, pero su condición de aforado hizo que su caso concreto no fuese juzgado por la Audiencia y quedase en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pendiente de pronunciarse. Val Alonso mostraba ayer su convencimiento de que también se anulen las pruebas contra él ya que fueron obtenidas durante la misma instrucción ahora considerada incorrecta.