El archivo audiovisual de RTVV seguirá en Burjassot si no se vende el edificio

“No está decidido, pero ¿por qué no en el actual edificio?”. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, dejó caer este jueves que el archivo audiovisual de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), aunque se adscriba a la Filmoteca Valenciana, puede seguir donde está. Lo hizo ayer en la comisión de control de RTVV en las Cortes Valencianas, que no se reunía desde antes del cierre de la cadena pública. En un receso, Ciscar puntualizó a los periodistas que el archivo audiovisual se quedaría “si no se vende el edificio”, algo que consideró complicado. A la venta, como recordó el portavoz de Compromís, Enric Morera, se opone el Ayuntamiento de Burjassot, donde está ubicado el antiguo centro de producción, porque el suelo fue cedido para uso dotacional y público. Que el archivo, integrado por más de 250.000 cintas en diversos soportes, se quede allí coincide con los deseos de la oposición. “Si se puede quedar, que se quede; ese archivo lo necesitaremos para el futuro”, indicó Morera. Por su parte, el diputado socialista Josep Moreno señaló: “Parece que ha reconsiderado el traslado del archivo de edificio”. Y le pidió unas explicaciones que no obtuvo sobre el coste del traslado si se produjera. Ambos recordaron que la intención de la izquierda es volver a poner en marcha una radiotelevisión autonómica pública si en 2015 el PP pierde el poder.

La digitalización de los fondos, el inventario y su conservación centraron el debate. Esther López Barceló, de Esquerra Unida, advirtió: “Los soportes, como las cintas en Betacam, caducan”. Y preguntó con qué recursos humanos y materiales se garantizará el archivo. Ciscar explicó que ya se han digitalizado cerca de 50.000 de las 250.000 cintas y que, como consecuencia del acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE) de RTVV, 23 profesionales de la cadena (18 documentalistas, una técnica superior, una auxiliar adjunta, dos operadores de programas informáticos y un técnico electrónico) se incorporan a su conservación.

Dos concesionarias de TDT deben 715.000 y 695.000 euros a RTVV

Como quiera que durante ocho meses el orden del día pendiente acumuló iniciativas sobre todo tipo de problemas relacionados con RTVV, la comparecencia de Ciscar empezó a las 10.30 y se prolongó, con una hora para comer, hasta las 17.15, en que los grupos acordaron suspenderla hasta el próximo día 30 de junio. Sí dio tiempo de hablar del coste económico que representa el cierre de RTVV, que el vicepresidente cifró en 144,1 millones de euros y la oposición le rebatió.

Ciscar puntualizó que esa cantidad incluye los salarios que de todas maneras habría habido que pagar a los trabajadores de Canal 9 si hubiera continuado y el socialista Moreno elevó los costes a 220 millones porque también debe contabilizarse la devaluación del patrimonio de RTVV generada por el cierre. El diputado acusó al Consell que preside Alberto Fabra de “negligencia” por cerrar la cadena sin evaluación alguna de los costes. Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, lo atribuyó a un “ataque de autoridad” y Morera, de Compromís, insistió en que los costes del cierre hubieran permitido mantener abierto Canal 9.

El escándalo de los abusos sexuales sobre trabajadoras de RTVV, por el que está procesado el exsecretario general Vicente Sanz, puso a Ciscar todavía en más apuros, ya que la oposición exigió que el Consell pida perdón por lo ocurrido y se comprometa a reclamar a Sanz cualquier cantidad que la Generalitat se vea obligada a pagar como responsable civil subsidiaria. “No pueden lanzar el mensaje de que los abusos sobre las mujeres pueden salir gratis”, emplazó a Ciscar la socialista Modesta Salazar en una dura intervención. El vicepresidente se enrocó en que condena “unos hechos despreciables, pero no a las personas, porque eso corresponde a los juzgados”.

Cinco exdirectivos de RTVV declararán ante la juez a partir del 8 julio

A la hora de explicar los contratos por los que Canal 9 condonó a las dos concesionarias autonómicas de TDT a cambio de inserciones publicitarias el pago por el uso de su red de repetidores y les dio un plazo de 15 años, Ciscar reconoció que Las Provincias TV, del grupo Vocento, ha pagado 177.000 euros y tiene una deuda pendiente de 715.000 euros de los que 76.684 son ya exigibles; mientras Mediterráneo TV, de la Cope, ha pagado 60.200 euros y tiene una deuda pendiente de 695.000 euros, de los que 136.000 ya son exigibles. El vicepresidente eludió explicar a la oposición si esas cantidades pagadas lo han sido todas en especie, es decir, con inserciones publicitarias. Sí que apuntó, dado que el pago con publicidad es imposible ahora, ya que Canal 9 está cerrado, que los liquidadores de RTVV entablarán con las dos empresas “una negociación”. El socialista Josep Moreno lo consideró un trato de favor y comentó que a su padre, que es un agricultor jubilado, ningún organismo público le permite “pagar las deudas con cajas de salustianas”. El diputado advirtió al vicepresidente de que lo que hace el Consell se llama “prevaricación”. Fruto de una denuncia de Compromís, cinco exresponsables de RTVV declararán como imputados entre el 8 y el 24 de julio ante una juez de Paterna que investiga irregularidades en la gestión de la cadena pública ahora en liquidación.