El PP mantiene a su gerente en Valencia pese a estar imputada por la financiación

Cristina Ibáñez está imputada por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular valenciano desde mayo de 2011. A pesar de ello, sigue ocupando el cargo de gerente del PP de la Comunidad Valenciana. Su continuidad representa una sonora discordancia con el mensaje de tolerancia cero contra la corrupción de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y del PP valenciano. La dirección regional explica el mantenimiento de Ibáñez señalando a la dirección nacional del partido: solo desde la sede central de los populares, ubicada en la calle Génova de Madrid, se puede destituir a la gerente. Y a pesar del tiempo transcurrido desde que Ibáñez fue imputada en la pieza central del caso Gürtel, hasta ahora ha decidido mantenerla.

El motivo, asegura un portavoz de la dirección nacional, es que Ibáñez está imputada pero aún no ha sido juzgada. Y Génova no piensa, en principio, apartarla hasta que no recaiga sobre ella una condena. Fabra, en cambio, ha hecho rodar numerosas cabezas en su Gobierno pero también en la dirección regional del PP por el mero hecho de ser imputados. El portavoz del PP soslaya la contradicción afirmando que “Valencia es libre para gestionar el partido como considere”. Pero hasta donde alcanzan sus competencias. Y la gerencia no es una de ellas.

Ibáñez sigue en la sala de máquinas del PP regional. Pero parte de su atención se desvía hacia el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que le reclama regularmente documentos en el seno de la causa que se sigue contra ella. Hace unos días, la gerente tuvo que remitir al tribunal la factura 79/2007, por importe de 175.000 euros, que Orange Market, una de las empresas del grupo de Francisco Correa, emitió a los populares días después de los comicios autonómicos y municipales de aquel año.

La fiscalía acusa a Ibáñez y a varias de las personas que entonces la acompañaban en la cúpula regional del partido, bajo la presidencia de Francisco Camps, de hacer trampas en esas elecciones y en las generales de 2008 al aceptar que empresas del sector de la construcción pagasen parte de las campañas.

Solo Ibáñez conserva el cargo en el PP de la Comunidad Valenciana. Fabra relevó a otros cuatro exresponsables orgánicos implicados en el caso que aguantan, sin embargo, como diputados en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas. En el procedimiento abierto en Valencia está imputado también el extesorero nacional de la formación Luis Bárcenas.