Anticorrupción pide al Supremo que endurezca la pena de cárcel a Pacheco
El fiscal solicita seis años de prisión por colocar en empresas municipales a dos compañeros del Partido Andalucista que, según se consideró probado, no hicieron ningún trabajo
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que aumente hasta seis años la condena impuesta al exalcalde de Jerez por colocar en empresas municipales a dos compañeros del Partido Andalucista que, según se consideró probado, no hicieron ningún trabajo. La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al exregidor a cuatro años y medio de cárcel. La mera confirmación de la sentencia ya supondría que Pacheco iría a la cárcel
La Fiscalía cree que la condena de cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación contra Pedro Pacheco por colocar de manera ilegal a dos compañeros de partido como asesores en sociedades municipales se queda corta. La representante de la acusación pública pidió este miércoles, en la vista que se celebró en el Tribunal Supremo para revisar el recurso presentado por el exalcalde jerezano, que la pena impuesta en primera instancia se eleve a seis años.
La Audiencia de Cádiz condenó en 2013 al histórico andalucista por prevaricación y malversación. La fiscal, siguiendo el criterio que ya expuso durante el juicio, suma un delito más: falsedad documental.
El argumento del ministerio público es que Pacheco debe ser condenado por prevaricación al contratar a compañeros de partido en sociedades municipales saltándose el procedimiento; debe responder de malversación porque los asesores cobraron durante dos años más de 200.000 euros sin que, según la sentencia, quedara acreditado que hicieran trabajo alguno; y cometió falsedad documental por simulación de contrato, dado que, si los fichados no hacían labor alguna, el contrato no era más que un paripé.
La defensa de Pacheco pide la absolución. Entiende que para los contratos de asesores no tiene que haber concurrencia ni publicidad, que las incorporaciones en sociedades no tienen que aprobarse en el pleno, que fueron los técnicos los encargados de hacer esos contratos y que los asesores sí hicieron su labor, aunque no consten informes escritos.
Se prevé que el Supremo tarde semanas en resolver.
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