Estudiantes con alma reformadora

Medio centenar de estudiantes de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) han ofrecido una lección de compromiso democrático a la sociedad. Los alumnos presentaron en el Parlamento andaluz su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitiría a los jueces suspender provisionalmente los desahucios de viviendas por razones humanitarias en los casos de especial vulnerabilidad.

“Vamos a remover todos los obstáculos para que no se siga produciendo la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda”, anunció la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU) después de oír las propuestas de una veintena de estos jóvenes que han basado su trabajo en el derecho español e internacional. El informe lo han elaborado durante este curso en el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la mano del profesor de Derecho Civil de la UCO Antonio Manuel Rodríguez.

Entre los casos de especial vulnerabilidad citan a personas mayores con escasos ingresos, desempleados que hayan agotado la prestación, víctimas de la violencia de género, viudas, inmigrantes y familias monoparentales o con hijos menores.

Cortés se ha comprometido a estudiar la reforma del artículo 704 que proponen los alumnos, plantearla en el Parlamento y, en caso de que prospere, llevarla al Congreso. Los cambios que los estudiantes del tercer curso del grado de Derecho argumentaron ante la consejera y los representantes de los tres grupos parlamentarios se fundamentan en “la modificación del artículo 53.3 de la Constitución, permitiendo una especial protección del derecho a la vivienda, como si de un derecho fundamental se tratase”. Un bien jurídico es todo valor individual o colectivo que debe ser protegido por el Derecho.

El laboratorio propone que deje de usarse la palabra inmueble cuando se trata de vivienda habitual y que se redacte “una ley orgánica en la que se incluya la definición de vivienda como bien jurídico protegido y una regulación que ampare a los poseedores de una vivienda”.

Los estudiantes de la UCO, con una edad media de 20 años, han presentado también su informe sobre la constitucionalidad de la llamada ley andaluza antidesahucios y han llegado a la conclusión de que la norma es “totalmente constitucional desde el punto de vista jurídico”.

Jorge Bernetti, el alumno que presentó las conclusiones de este análisis, arguyó que la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente esta ley “no está tan clara, ya que el fallo no fue unánime y contó con cuatro votos particulares”.