Populares y socialistas airean trapos sucios del depósito de gas en Vinaròs
El PP vincula el cierre total de Castor a informes que confirmen que causa seísmos
Ajenos al desgaste que reflejan las encuestas de opinión y los resultados de las últimas elecciones europeas, los dos principales partidos de la democracia se desgastaron este miércoles un poco más al lanzarse trapos sucios sobre una infraestructura que unos y otros consideraron "estratégica" en su momento y que resultó un problema para la comarca valenciana del Baix Maestrat y la catalana de El Montsià. Quitarse las pulgas de encima sobre el depósito submarino de gas Castor, ubicado frente a la costa de Vinaròs, cuyo funcionamiento generó medio millar de seísmos de hasta cuatro grados en la escala de Richter en septiembre del año pasado, era el propósito de una proposición no de ley aprobada ayer en solitario por el PP en las Cortes Valencianas. El debate dejó malparados tanto a populares como a socialistas.
"Solucionar un problema que los otros crearon, que creó el partido socialista", era el objetivo de la iniciativa, según anunció explícitamente el diputado del PP Mariano Castejón, que añadió que esperaba "un apoyo unánime" y fracasó en el intento, dado que toda la oposición se abstuvo tras recriminar al PP que rechazara hace unos días en el Congreso de los Diputados el cierre definitivo y el desmantelamiento de la instalación. La oposición argumentó que en octubre del año pasado ya se pronunció la Cámara de forma unánime por el cierre de Castor y que ahora no tiene sentido condicionar el final definitivo de la actividad a unos informes que ya conoce todo el mundo o a más estudios, como sugirió el PP.
Ayer mismo, el nuevo diputado de Esquerra Unida, Víctor Tormo, que sustituye a la recién elegida eurodiputada Marina Albiol, entregó a la fiscalía de Castellón el estudio del Instituto Geológico y Minero que establece la relación entre los seísmos y el funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas, un documento cuyas conclusiones coinciden con las de otro informe del Instituto Geográfico Nacional conocido hace dos semanas.
Compromís y Esquerra Unida hacen responsables a los dos partidos
El popular Castejón argumentó que "no hay que precipitarse" al reclamar el cierre definitivo del almacén de gas, que dio por supuesto pero para el que pidió "una base técnica lo más sólida posible", y acusó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de haber sido el "padre" de Castor al conceder la autorización en 2010. Según Castejón, el depósito de gas fue un "regalo envenenado al Ayuntamiento socialista de Vinaròs del momento". Ana Besalduch, del PSPV-PSOE, replicó que el diputado, de quien leyó palabras en las Cortes favorables a la instalación, tiene "amnesia selectiva". Según la parlamentaria, "el niño tenía ya 14 años en 2010" porque fue Josep Piqué, como ministro del Gobierno de José María Aznar, quien dio los primeros permisos para el proyecto en 1996. Además, la licencia de actividad fue concedida en diciembre de 2012 por el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Roig, del PP.
"El primer permiso lo dio Piqué, Aznar dio por cierto el informe de la propia compañía constructora y el Gobierno de Zapatero ignoró informes que advertían de la peligrosidad y decidió que no era necesario informe de impacto ambiental", señaló, por su parte, Víctor Tormo, de Esquerra Unida, que añadió que "la bomba de Castor la han puesto el PP y el PSOE". Según el diputado que ayer mismo tomó posesión de su escaño, ambos partidos pusieron en peligro a los habitantes de la zona por "generar beneficios a Florentino Pérez y otros".
"No echen la culpa solo al PSOE", advirtió Josep Maria Pañella, de Compromís, que recordó a los populares: "Aquí gobernaban ustedes y dijeron adelante sin informe sísmico". Pañella preguntó: "¿Para qué nos hacen esperar más si los expertos reconocen que no hay posibilidad de que los nuevos informes contradigan los ya entregados?".
El almacén de gas de Vinaròs, que contó con unos 1.300 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones avalados por el Gobierno, fue construido por la empresa Escal UGS, propiedad en un 66% del grupo español ACS. El informe del Instituto Geológico y Minero de España, en el que s ebasa la fiscalía de Castellón para preparar una querella por delito ambiental, detecta una falla no cartografiada en el fondo marino donde está instalado, que bautiza como "falla Castor".
Cuatro llamadas al orden para la oposición
Solo dos miembros del Consell se dejaron ver por la mañana en las Cortes Valencianas durante el debate de la Ley de Puertos de la Generalitat, aprobada con los votos en contra de la oposición. Eran la titular de Infraestructuras, Isabel Bonig, flamante secretaria general del PP valenciano, y su predecesor en ese cargo, el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano. Bonig protagonizó un cierto besamanos de compañeros de partido, que se acercaron a felicitarla.
Por la tarde, la no menos flamante portavoz del Consell, la titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, protagonizó un incidente cuando la diputada de Compromís Mònica Oltra le preguntó por la caída del falso techo de un aula en el colegio Cervantes, de Valencia y puso en duda que se dedique a los problemas educativos. Català aprovechó su segunda intervención, cuando ya no hay réplica, para acusar a Oltra de “hacer teatro” y aseguró: “Me da vergüenza que ustedes utilizaran el patio del colegio Cervantes para hacer un acto de partido, un acto electoral”.
Hubo protestas desde las bancadas de la oposición, porque colegios como el Cervantes eran recintos explícitamente autorizados para actos electorales en la reciente campaña de las europeas. El vicepresidente de las Cortes Valencianas, Alejandro Font de Mora, que sustituía a Juan Cotino en la sesión, llamó al orden a Oltra, negó la palabra al portavoz de Compromís, Enric Morera, al que también amonestó, y formuló otras dos llamadas al orden al socialista Rafael Rubio.
A Català le preguntó la diputada Eva Martínez, del PSPV-PSOE, por qué se exoneró de responsabilidad a los directivos en la compra de la empresa Valmor Sports, organizadora de la Fórmula 1, por la Generalitat. Y exhibió una factura de 2.442 euros de la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva de marzo de 2011 relativa a un viaje de Valencia a Bolonia de dos directivos de Valmor, Jorge Martínez Aspar y Facundo García de la Cuadra, además del director del circuito de Cheste, Julio García. "Antes de comprar Valmor, ya estaban pagando gastos de sus directivos", denunció Martínez, que este jueves defenderá en el pleno una comisión de investigación sobre esa compra.
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