El fiscal pide seis años a un empresario por montar una trama para defraudar

Roberto Martín González será juzgado el próximo martes en la Audiencia de Pontevedra, acusado de crear un supuesto entramado empresarial para declarar relaciones comerciales ficticias y ocultar a la hacienda pública los beneficios obtenidos con operaciones inmobiliarias. El fiscal de Delitos Económicos pide para el empresario seis años de cárcel y multas que suman un millón de euros por tres delitos fiscales, al no haber ingresado el impuesto de sociedades y del IRPF.

 Según la acusación, el procesado, hermano del diputado del PP Telmo Martín, creó las sociedades Abbaco Gestión Inmobiliaria Financiera, Gestiones Empresariales Pontevedra Norte, Redison Imexcom, 1991; Starnberg Business, SL; Desarrollos y Proyectos Socimar y Razamonde, SL, con la finalidad de “ocultar el dominio de este entramado societario”.

El fiscal sostiene que “aparentó la transmisión de participaciones en distintas ventas” y varias de estas empresas pasaron a ser propiedad de ciudadanos portugueses que nunca pudieron ser localizados para comparecer en este proceso. Según el ministerio público, Abbaco Gestión Inmobiliaria Financiera no presentó declaración por el impuesto de sociedades correspondiente a 2007 ni realizó ningún ingreso a cuenta.

Martín realizó diversas operaciones comerciales, como la transmisión de la propiedad de seis fincas en Sanxenxo por un importe total de 1.184.000 euros, que habían sido adquiridas previamente por 560.000 euros. Añade el fiscal, Augusto Santaló, en su acusación que “todas estas sociedades carecen de la necesaria infraestructura personal y material para poder realizar entre ellas operaciones económicas” y, además, “atendiendo a las operaciones mercantiles realizadas por Abbaco en la compraventa de fincas, difícilmente pueden justificarse otros gastos distintos de los propios de las gestiones necesarias para la realización de las adquisiciones”.

Sostiene asimismo el fiscal que se simularon compras ficticias a empresas que surgían del entramado, como Desarrollos y Proyectos Socimar, Starnberg Business o Gestiones Empresariales de Pontevedra, SL, por valor de 1,2 millones de euros. La Agencia Tributaria estima que el fraude en estas operaciones por impago de impuestos fue de 176.089 euros. Hacienda detectó ese mismo año otro fraude similar en otra de las empresas de este entramado, Gestiones Empresariales de Pontevedra Norte, cuando compró dos parcelas urbanas en A Illa de Aroua por valor de 360.607 euros y las vendió varios meses después por 901.000 euros, obteniendo un beneficio de 540.000 euros. De nuevo, el empresario declaró gastos con operaciones a empresas del entramado que, según el fiscal, son ficticias y dejó de ingresar a Hacienda 156.617 euros.

Otro de los supuestos delitos se deriva de la declaración de la renta del imputado, a quien el fiscal acusa de no declarar 1,1 millones de euros de beneficio obtenido con las dos operaciones inmobiliarias descritas. Restando el importe de las cantidades que tendría que pagar por el impuesto de sociedades, los beneficios se calculan en 815.000 euros, por los que tendría que haber abonado 145.013 euros de impuestos. Esa es la cantidad que le reclama el fiscal junto a 1.386 euros que ese año le devolvió Hacienda. Las cuotas supuestamente defraudadas en el impuesto de sociedades se acercan al medio millón.