El fiscal solicita que el exconsejero Blasco ingrese ya en prisión por riesgo de fuga

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes el inmediato ingreso en prisión del histórico político valenciano Rafael Blasco con el argumento de que existe riesgo de que se fugue. El exconsejero fue condenado a ocho años de cárcel y a 20 de inhabilitación absoluta la semana pasada como jefe de una trama que se apropió de las ayudas a la cooperación internacional de la Generalitat. Todo apunta a que tendrá que sentarse otras dos veces en el banquillo en las piezas separadas que quedan por juzgar del caso Cooperación. Y la fiscalía investiga su trayectoria anterior a 2007, cuando aterrizó en la Consejería de Solidaridad.

Las medidas alternativas a la prisión incondicional solicitadas por los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco tampoco han sido menores. Dos millones de euros de fianza. Comparecencia diaria en el juzgado. Prohibición de salir de España. Y retirada del pasaporte.

Anticorrupción ha pedido medidas cautelares también gravosas para otros seis miembros de la red, la mayoría de ellos excargos de Solidaridad, con fianzas que oscilan ente los 50.000 y los 600.000 euros. Los magistrados del Tribunal Superior valenciano deben decidir ahora si asumen la petición de la fiscalía.

La fianza exigida a Blasco, en el supuesto de que los jueces se inclinen por imponérsela, es un arma de doble filo. Si deposita el importe, lo previsible es que la fiscalía le reclame una explicación sobre su origen, dado que el patrimonio del exconsejero está embargado por el Tribunal de Cuentas, donde se sigue un procedimiento paralelo al penal.

Uno de los pocos éxitos de Blasco en el juicio fue que la investigación de su patrimonio no reveló incrementos injustificados ni rastro de sobornos. Ello impidió a la fiscalía sumar la acusación por cohecho a las de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial por los que ha sido condenado.

La condena y la perspectiva de que todas las posibilidades que le quedan por delante son malas explican el visible gesto de preocupación con el que el exconsejero ha salido del tribunal. Blasco, que ni en los peores momentos se ha negado a hablar con la prensa, ha eludido comentar las medidas cautelares. Antes de subir a un taxi con sus dos letrados se ha limitado a subrayar que recurrirá la condena al Tribunal Supremo y que confía en que al final se demostrará su “inocencia”.

La fiscalía solo ha pedido prisión incondicional para otro de los nueve condenados: Tina Sanjuán, ex secretaria administrativa de la consejería y fiel colaboradora de Blasco, condenada a siete años y medio de prisión. Anticorrupción solicitó para ella las mismas medidas subsidiarias en caso de que los jueces rechacen la prisión incondicional, aunque rebajó la fianza a 600.000 euros.

Cantidades menores han reclamado los fiscales para otros cinco condenados. El exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Català, 100.000 euros. El ex jefe de Cooperación Marc Llinares, 120.000 euros. Xavier Llopis, ex jefe de gabinete de Blasco, 60.000 euros. Marcial López, presidente de la Fundación Cyes, entidad utilizada para desviar las ayudas, 100.000 euros. Y su esposa y empleada de la fundación, Josefa Cervera, 50.000 euros. Para todos ellos, además, ha solicitado la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

No ha habido petición de fianza ni para el ex director general de Cooperación Josep Maria Felip, que solo fue condenado a siete años de inhabilitación. Ni para el empresario Augusto César Tauroni, que ya lleva más de dos años en prisión provisional. Tauroni fue condenado en el juicio, como Blasco, a ocho años de cárcel.