La lucha del bloque de la pobreza

Pasan pocos minutos de las cinco de la tarde y empieza se intensifica el tráfico ante el bloque de Sabadell ubicado en la calle Sant Ferran, el más grande ocupado por actualmente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en todo el Estado. El árabe, el español latino, el marroquí, el castellano y el catalán se mezclan en el crisol de nacionalidades de los padres que a esa hora vuelven a casa después de recoger a sus hijos del colegio. Mohamadou Sila, con sus cuatro pequeños, se paran ante la puerta para saludar y directamente expresa su preocupación. “Estamos nerviosos, dicen que nos van a desalojar”. La inquietud se ha adueñado de este bloque donde viven 146 personas, de las cuales 58 son menores, desde hace unos días, cuando una juez de Sabadell dictó el desalojo.

El colectivo pide a la Sareb, propietaria de las viviendas, un alquiler social

Sila abre las puertas de su casa de este enorme bloque con 40 viviendas. Mientras los retoños juegan y saltan sobre las pequeñas camas que ocupan el comedor, el hombre de 58 años y de origen gambiano (aunque llegó a la Península hace 26 años y tiene la nacionalidad española) explica que su vida se truncó al inicio de la crisis. La fábrica en la que trabajaba cerró y sus problemas económicos se precipitaron. Pagaba un piso de propiedad desde hacía 15 años, pero llegó un momento en que no podía hacer frente a las facturas y el pasado mes de diciembre consiguió la dación en pago y se trasladó al bloque de la PAH. Ahora solo trabaja dos días a la semana. “Con mi sueldo doy de comer a mis hijos”, tercia. Sila, como sus vecinos piden a la Sareb que les deje quedarse pagando un alquiler social. “No queremos vivir gratis, queremos pagar, pero no nos dan la oportunidad”, lamenta.

En el mismo rellano viven Miguel Ángel Mateo y Laura Galindo, que lucen una camiseta verde con la silueta del bloque. “La hicimos con un cartón. Estilo MacGiver”, presumen. Mientras los tres niños de entre 5 y 11 años toman la merienda, Mateo explica que llegó a Cataluña a finales de 2009 desde Jerez de la Frontera, después de que su empresa, dedicada al montaje de pladur, fuera engullida por la crisis. Desde entonces no ha conseguido ningún empleo y dice que no cobra ninguna ayuda. Los pocos billetes que consigue lo hace gracias al montaje de ordenadores. “Los vecinos que se dedican a la chatarra recolectan las piezas y me las traen para que yo las monte”, explica mientras muestra una montaña de computadores que se amontan en un rincón del comedor.

“No queremos vivir gratis, queremos pagar, pero no nos dan la oportunidad”, pide Sila, padre de cuatro hijos

Su pareja no tuvo mejor suerte y en 2009, después de separarse, dejó Murcia y volvió a casa de sus padres en Sabadell. Este fue su hogar antes del bloque de la PAH. Con sus tres hijos y su nuevo compañero, Miguel, vivían en una habitación, hasta que a los padres también los atizó la crisis: ambos se quedaron en paro y la hipoteca se hizo inasumible. Ambas familias viven ahora de las ayudas de los abuelos. “La comida la sacamos del Rebost Solidari y la ropa es reciclada”, explica el hombre, observado por la hija mayor. “Los niños notan los cambios, sienten como que no tienen un sitio fijo y eso hace que no estén bien en el cole”, admite el padre, dando la razón a las denuncias de los profesores que últimamente alertan de las alteraciones emocionales que los pequeños sufren debido a la situación de pobreza que viven. “También perciben la lucha de los padres, como ahora, ven que algo se mueve”, remacha Mateo.

“Cuando suena el timbre me asusto, pienso que es la policía”, apostilla Ahmal

Los vecinos viven como una comunidad solidaria. “Vivimos como una gran familia. En casa tenemos un gran congelador, así que guardamos el pan que nos regalan dos panaderías y cuando alguien necesita pan, viene aquí y lo coge. Y cuando alguien hace una olla, la hace para varios”, explica Mateo. La pareja fue de las primeras a ocupar el edificio justo hace ahora un año. El bloque llevaba cuatro años vacíos y sus nuevos inquilinos se quejan del estado en que estaba. “Había humedades y algunas cosas sin acabar”, explica Mateo enseñando fotos en el ordenador. “Hemos sido nosotros quien ha rehabilitado el edificio”, añade.

El Ayuntamiento se opone al desalojo y ha presentado a la juez informes sociales sobre las familias afectadas

La planta baja esconde una de las situaciones más dramáticas, si cabe, del bloque. Es la de Ahmal, una joven marroquí de 30 años que hace dos semanas llegó al edificio con sus tres hijos y otro en camino. Pero perdió a su primogénito, que murió de cáncer cuando todavía vivía en Marruecos. “Quiero quedarme aquí para que mis hijos tengan una educación y estén atendidos”, chapurrea la madre en un escaso castellano, pero el suficiente para reconocer que vive con miedo. “Cuando suena el timbre me asusto, pienso que es la policía”, apostilla.

“Si hay una ocupación es nuestra obligación denunciarlo", alega un portavoz de la Sareb

“Si hay una ocupación es nuestra obligación denunciarlo. No sabemos qué actividades se están desarrollando y si hay un accidente nosotros somos los responsables”, apuntan desde la Sareb, que seguidamente añaden ser “conscientes del problema habitacional” que existe. La entidad de gestión recuerda que en breve firmará un acuerdo con Cataluña para ceder 600 pisos para dedicarlos a alquiler social, aunque no detallan si el bloque de Sabadell está incluido.

Desde el Ayuntamiento de Sabadell piden que se pare el desalojo y aseguran que han transmitido al juzgado informes sociales explicando “las fragilidades” de las familias. “La situación de necesidad de vivienda es dramática y pedimos a aquellos que han sido los culpables de la crisis, como los bancos, sean ahora parte de la solución. Y sobre todo la Sareb, que tiene un 40% de participación pública”, reclama Marta Farrés, concejala de Vivienda. Desde la Generalitat extienden la mano. “Estamos dispuestos, como hicimos en Salt, a poner recursos para que las familias que cumplan los requisitos puedan solicitar viviendas a la mesa de emergencia de desahucios”, apunta Carles Sala, secretario de Vivienda.

La PAH no entiende el cambio de criterio de la juez, que hace un año se opuso al desalojo

Los miembros de la PAH han puesto en marcha la maquinaria judicial para detener el desalojo, que todavía no tiene fecha, solicitado por el fiscal. Los abogados de la plataforma han presentado un incidente de nulidad al juzgado porque la resolución no se puede recurrir. “La juez dio la orden en tres líneas, pero no dice por qué lo hace. No entendemos el procedimiento que ha hecho servir”, se queja Pilar Rodríguez, la abogada de la PAH. También encuentran incomprensible que la misma juez rechazara hace un año el desalojo pedido por la Sareb. Entonces, la magistrada abundó que el derecho a la propiedad privada está limitado por su función social y que el banco malo había “desistido de la función social de las viviendas”. La PAH subraya la contradicción que se dejen a personas sin un techo cuando hay pisos vacíos en la ciudad –unos 4.000, según el Ayuntamiento- y no descartan llegar hasta el tribunal Estrasburgo, como en el caso de Salt.