NCG pacta el pago de las preferentes a los miembros de las plataformas

Más de 1.800 millones de euros y 80.000 afectados se contaban a principios de 2012 como afectados por las participaciones preferentes de las cajas de ahorros gallegas, recién fusionadas y a pocos meses de la privatización. Dos años y medio después, tras centenares de manifestaciones, jornadas en vela en encierros municipales, soluciones parciales, quitas presentadas como definitivas y las laringes muy deterioradas, las plataformas de Galicia bajan el pistón. En el último mes la nueva dirección de Novagalicia Banco ha ido pactando devoluciones de fondos de manera discreta y los perjudicados de las plataformas han recuperado la práctica totalidad de sus ahorros. La plataforma de A Coruña anuncia que lo deja ya y la de Vigo lo hará la semana que viene. Se mantiene la guerra contra las sanciones por las protestas y unos 350 millones de euros de alrededor de 20.000 afectados que no se afiliaron a las plataformas seguirán en el aire.

La plataforma de A Coruña celebró el jueves una última concentración y anunció que se transformaba en asociación de víctimas con la vista puesta en sumarse a las querellas contra los dirigentes de las cajas, en línea con lo que ha hecho el sindicato CIG y, paralelamente, la plataforma de Vigo. Como razones se nombró al cansancio y la principal, que la gente está cobrando. Con bastante discreción, Novagalicia Banco ha ido llamando en las últimas semanas a las plataformas y proponiendo acuerdos, según la situación de cada cual, en línea con las declaraciones del nuevo propietario, Juan Carlos Escotet, sobre las que aún en abril dudaban los preferentistas tras reunirse con él y con los representantes del FROB. Los acuerdos individuales son confidenciales por exigencia del banco, pero según fuentes consultadas se calcula que, una vez descontados todos los parámetros, los ahorradores están recuperando sus fondos con una quita del 5% de media, bastante menos de la horquilla del 22 y el 65% que se anunció el FROB como definitiva hace ahora casi un año.

“No es un éxito porque hemos tenido heridos y fallecidos, pero sí, estamos contentos", compara José Manuel Estévez, portavoz de la plataforma de Vigo, que además de la querella contra los dirigentes de las cajas busca también que la fiscalía ponga coto a los recursos sistemáticos del banco a las sentencias que le eran desfavorables, una maniobra más dilatoria que efectiva. Señala, no obstante, que la práctica ha cesado últimamente.

En la lucha de trinchera que durante meses ha sido la protesta de los afectados ha habido diversas estrategias. La tensión mayor se alcanzó en el primer trimestre de 2012, cuando los arbitrajes bajaron de ritmo hasta casi pararse. Los encierros en Ayuntamientos y los reproches públicos y en directo a los políticos arreciaron, sobre todo centrados en la Xunta y los regidores del PP. En esa presión se significó especialmente la plataforma de Baixo Miño, la verdadera zona cero de las preferentes, con localidades como O Rosal donde los afectados eran casi el 10% de los vecinos. Su principal portavoz, Xulio Vicente, recuerda que mucho de lo conseguido se logró pese a las medias verdades vertidas sobre la irrefutabilidad de las quitas. “Bruselas no dio el beneplácito para que se usasen los fondos europeos para solventar lo de las preferentes, pero señalaron que había medios dentro de los países”, rememora. “Pasa que alguien pensó que nos íbamos a cansar. Ahora en cambio sí hay voluntad, y si viene un señor a quedarse con una entidad es para hacer negocio, no para arruinarse. Lo que hace él tiene el beneplácito del FROB”, dice.

Vicente pide no bajar la guardia y sobre todo insistir en la protesta contra las sanciones que cayeron sobre los afectados a partir de la primavera de 2013, coincidiendo con el recrudecimiento de las protestas. “Hay más de 20 compañeros con sanciones, que suman más de 20.000 euros”. Y reclama solidaridad. En el Baixo Miño creen que han recibido críticas injustas por su intensidad en la protestas y que muchos afectados se han beneficiado de ese trabajo de zapa, por lo que ahora bien pueden arrimar el hombro: “Si cada afectado pusiese 30 céntimos, ya estaban pagadas”.

La movilización también ha tenido que enfrentarse a diferencias internas. A unos se les reprochaba en ocasiones que las protestas estaban demasiado politizadas, mientras otros a su vez criticaban falta de compromiso y hasta algún sabotaje de sus iniciativas, unos contrastes que salpicaron a la relación entre los propios portavoces. Pero pese a las diferencias de criterio, todos están de acuerdo en que lo fundamental ha sido la insistencia, una virtud que no han conseguido mantener otros colectivos, como señala Estévez: “Los de Afinsa no lo hicieron y aún hoy están esperando”.