La fiscalía investiga un contrato de Vaersa y el enchufismo del Ivaj

La Fiscalía de Valencia ha abierto sendas investigaciones a raíz de las dos denuncias presentadas por el sindicato Confederación General del Trabajo por presuntos casos de corrupción. La Fiscalía incoa diligencias ante la denuncia contra los gestores de Vaersa, empresa pública de la Generalitat dedicada a la gestión de recursos y parques naturales, por haber contratado a dedo servicios de asesoría jurídica, que supusieron el desembolso de 1.974.964 euros. En el segundo caso, se abre investigación contra el supuesto enchufismo en el Ivaj.

CGT denunció en enero de 2012 ante el Tribunal de Cuentas que en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, Vaersa había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, "prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación, cuando existía un convenio de la entonces Consejería de Territorio y Paisaje con Vaersa para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior", apunta una nota del sindicato. Durante la fase de instrucción se ha acreditado que durante seis años "se desembolsaron 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa", añade el comunicado.

Ante los indicios de la posible comisión también de varios delitos contra la Administración Pública, como prevaricación o malversación de fondos públicos, CGT presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido iniciar diligencias de investigación penal.

Esta denuncia está precedida de un procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas instado por CGT, cuya instrucción ha culminado con la demanda de procedimiento de reintegro interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Anna Bayarri Llorens (que fue jefa de Recursos Humanos), Felipe Espinosa Bolaños (exdirector general de Vaersa) y Enrique Simó Arnau (actual director general de Vaersa), solicitando sean condenados, como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos.

Además, la fiscalía también denunció las contrataciones en el IVAJ a partir de la información aportada por Compromís, relativa a que la mitad de empleados de las oficinas de la Generalitat Jove y del programa EmprenJove están vinculados al PP, son concejales o cargos de Nuevas Generaciones del PP.

La denuncia de CGT "hace hincapié en la investigación de determinados aspectos de la contratación efectuada por la empresa encargada de prestar el servicio (Atlas Servicios Empresariales, SA), por más de un millón de euros, que demostrarían la posible comisión de varios delitos, desde la prevaricación al tráfico de influencias o cohecho", señala la nota. En este sentido, el sindicato considera muy importante saber cómo llegó la información a los candidatos-contratados.