Menos mal que está Europa

Basta con leer la prensa de estos días. La Comisión Europea obliga a España a devolver 250 millones de euros mal invertidos en la ampliación del puerto de Gijón, porque entiende que ha habido irregularidades flagrantes en la construcción (vulgo corrupción), algo de lo que nuestros jueces y técnicos, como casi siempre, no se habían percatado. La justicia impide la construcción de una autopista en Holanda porque invadía un espacio protegido incluido en la red Natura 2000, aclarando que solo de manera excepcional se puede utilizar un paraje de la red Natura 2000 para actividades productivas; y yo recuerdo que la ampliación del puerto de Pasajes invade la red Natura 2000 al pretender ubicarse en un espacio protegido como es Jaizkibel y me pregunto si nuestros técnicos y políticos no conocen esa legislación.

También hace unos pocos meses vimos como la justicia europea anulaba parte de la vetusta legislación hipotecaria española por considerarla abusiva y contraria al moderno derecho del consumidor, algo que al parecer nuestros tribunales nacionales nunca habían sospechado en cien años de aplicación. Y también me acuerdo de las varias ocasiones en que la justicia europea ha anulado la ley de contratos del sector público porque el Gobierno español se negaba a cumplir la directiva europea y se empeñaba en crear "huecos legales" para poder seguir contratando al margen de la transparencia, posibilitando así el tráfico de los tan amados "sobres" y comisiones. Incluso la reciente multa de 30 millones de euros por el tema de las vacaciones fiscales tiene su origen en la denuncia de una empresa vasca, Fagor Electrodomésticos, que tuvo que acudir a Bruselas para defenderse de las subvenciones ilegales que el Gobierno vasco otorgó a una empresa competidora como Daewo.

Los anteriores ejemplos reflejan que las decisiones europeas sí afectan a nuestra vida cotidiana y de forma generalmente positiva. Porque en todos esos supuestos hay una constante: la legislación y la jurisprudencia europea es mucho más favorable para el ciudadano que lo que resulta de la actuación de nuestros poderes estatales o autonómicos. Y no es por casualidad: la tradición española y vasca es tener una administración al servicio de una casta que vive del Boletín oficial y de las prebendas que ello conlleva.

Por eso aquí se legisla normalmente en beneficio "de los míos" y no del interés general y se administra la legislación al amparo de la sombra y el sigilo y no con transparencia. Por nuestros lares lo normal es que los funcionarios miren para otro lado, que los políticos miren para el suyo y que al ciudadano no se le deje mirar, todo con tal de beneficiar "a los nuestros". Ese fenómeno se da con mucho menos intensidad en la Europa del norte y se traduce en unas legislaciones y en unas prácticas comunitarias mucho más transparentes y propicias para la defensa del ciudadano. Por eso yo me siento más seguro sabiendo que el 70% de las leyes españolas y vascas viene reguladas en sus contenidos básicos por las directivas europeas y, si de mí dependiera, esa dependencia sería del 100%, porque yo me fío mucho más de esas estructuras europeas que de las próximas.

En resumen, mi conclusión es que menos mal que está Europa por encima nuestro, porque si no estaríamos ante un estado de derecho todavía más raquítico que el que tenemos. Y por eso, y también por hacerle un feo a aquel brutal dictador, llamado por los generales más antiguos con el expresivo apodo de Paquita la culona, a quien no le gustaba que votásemos, voy a obrar en consecuencia en el día de hoy. Le invito a que haga lo mismo.