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La carretera que divide el Montseny

El Ayuntamiento del municipio aprueba el asfaltado de una pista forestal que cruzará el parque natural por una zona de máxima protección

Pista forestal que prevé asfaltar el Ayuntamiento de Montseny.
Pista forestal que prevé asfaltar el Ayuntamiento de Montseny.

El pleno del Ayuntamiento de Montseny (Vallès Oriental) aprobó a principios de abril la adjudicación de la obra de asfaltado de una pista forestal que partirá en dos el parque natural. Una carretera de 3,7 kilómetros que ha despertado el malestar de los grupos ecologistas y los recelos de los vecinos del pueblo. Y es que las obras de pavimentación se harán en una zona protegida; conectará directamente dos ejes turísticos del parque, los hoteles de Sant Marçal y Sant Bernat, del grupo Husa; y pasará por las puertas del camping Les Illes.

“El proyecto se ha aprobado con el visto bueno de la dirección del parque natural, a pesar de las advertencias de las afectaciones al medio que provocará la carretera”, denuncia Carles Lumeras, de la Coordinadora para la Salvaguardia del Montseny. La queja de Lumeras se basa en el recorrido de la nueva vía, que cruzará un área del parque calificada como Zona de Reserva Natural (ZRN), figura que otorga la máxima protección a espacios naturales poco transformados y de excepcional interés.

Un informe, firmado en enero de 2012 por Jordi Soler, jefe de la Dirección Territorial Norte de Espacios Naturales, que engloba al del Montseny, alertaó de una serie de “impactos significativos” en el medio que provocará el asfaltado de la pista durante y después de su construcción. Soler señala que la carretera cruzará zonas en la que “hay 66 especies de interés para la conservación”. “Entre estas, 10 son de alto interés, por su precario estado de conservación, por su valor biogeográfico, por su rareza global y local, por su vulnerabilidad a cambios en el medio y por el hecho de estar protegidas a nivel legal”, añade.

Asimismo, el informe revela otras posibles afectaciones al medio como el aumento de riesgo de incendio, el atropello de animales, la erosión y la contaminación atmosférica, lumínica y acústica. Para minimizar el impacto ambiental de la carretera, en el informe se proponen una serie de medidas de obligado cumplimiento, como no hacer ninguna intervención “fuera del camino actual” y instalar señales que eviten el “atropellamiento de anfibios”, entre otras. Un mes después, la Diputación de Barcelona dio el visto bueno al Ayuntamiento para ejecutar la obra, “condicionado a la incorporación de las medidas correctoras”.

El nuevo tramo de carretera es la segunda parte de un proyecto que arrancó en 2008. La primera unió el camping Les Illes con la carretera BV-530. El asfaltado previsto ahora comunicará esta vía con la otra arteria del parque, la BV-5114. Los ecologistas aseguran que la pavimentación de la pista supondrá un incremento del tráfico de vehículos en la zona protegida.

Desde el Ayuntamiento del municipio, encabezado por Alfons Planas desde 1983 por Progrés Municipal —marca asociada al PSC—, se justifica la obra por los costes de mantenimiento —18.000 euros al año—, que tiene la actual pista de tierra y que con “la reducción de 50.000 euros de la aportación cuatrienal para el mantenimiento de caminos son imposibles de soportar”. El coste de la nueva obra asciende a más de 311.000 euros, sufragados por el Consistorio y la Diputación de Barcelona, con la ayuda de la Generalitat a través del Plan Único de Obras y Servicios. Según Lumeras, el asfaltado no estaría amortizado hasta dentro de 17 años, “y eso sin tener en cuenta que la carretera no tiene ningún gasto de mantenimiento”. “Algo impensable si se tiene en cuenta que una tercera parte del año la zona padece fuertes heladas”, asegura.

Pero no solo el grupo ecologista se ha posicionado en contra del proyecto del Ayuntamiento. Las dudas sobre la utilidad de la carretera sobrevuelan el pueblo. “Es mucha casualidad que la carretera comunique los dos grandes hoteles de la zona y además pase por delante del camping de un miembro del Consistorio”, desliza un vecino del municipio que prefiere mantener su anonimato. “Este no es un proyecto justificable desde el punto de vista del interés general, nos enfrentamos a un alcalde impune, que con el consentimiento de la Diputación pretende beneficiar los intereses de ciertos negocios privados con el dinero de todos”, añade Lumeras.