Dos sindicalistas de Adif se niegan a declarar por el accidente del Alvia

Dos de los 11 cargos de la cúpula de Adif en 2011 imputados por el accidente de tren de Santiago, sindicalistas ambos nombrados en representación de CCOO y UGT, se han negado a declarar ante el juez instructor de la causa, Luis Aláez, como ya le han avanzado que harán los otros nueve que comparecerán la próxima semana. Los 11 esperan que la Audiencia Provincial anule los cargos contra ellos, como ya hizo en noviembre con una anterior imputación de Aláez.

En el accidente del pasado 24 de julio, en el que fallecieron 79 personas, el maquinista del tren Alvia, también imputado, se despistó tras recibir una llamada telefónica y descarriló en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago. Pero el juez Aláez considera que Adif debía haber dispuesto más medidas de seguridad que evitasen ese “previsible” error humano, por lo que hace dos semanas imputó al director de Seguridad en la Circulación, el presidente y los nueve vocales del Consejo de Administración cuando se abrió la línea Ourense-Santiago, en diciembre de 2011.

Los primeros en comparecer ante el juez han sido Juan Carlos Cáceres, vocal en representación de CCOO que ya no se sienta en el Consejo de Administración, y Félix Díaz, de UGT, que es miembro de ese órgano desde 2008. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar, aunque a la salida del juzgado el actual responsable ferroviario de CCOO, Antonio Toscano, informó de que su compañero ha solicitado comparecer más adelante a petición propia si la Audiencia mantiene su imputación, pero una vez que su abogado conozca la voluminosa instrucción acumulada hasta el momento y se disponga de “análisis técnicos solventes del accidente” –hasta el momento se han presentado cuatro peritajes provisionales que aprecian deficiencias en la seguridad de la línea–. El responsable ferroviario de CCOO mostró sus “condolencias” a las víctimas, aseguró que su sindicato va a apoyar la investigación e insistió en que el tren “es el medio de comunicación más seguro”. En defensa de su compañero añadió que su capacidad de decisión como miembro del Consejo de Administración de Adif era “muy limitada”.

La negativa a declarar de ambos sindicalistas y la anunciada del resto de imputados hizo que Manuel Prieto, abogado defensor del maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, criticase la supuesta colaboración con la justicia proclamada reiteradamente desde el Ministerio de Fomento. “No hay colaboración, desde el primer momento nunca la ha habido”, aseguró Prieto.

Por otra parte, una de las dos asociaciones de víctimas del accidente ha remitido una carta al fiscal del caso, Antonio Roma, en la que le critican su decisión de recurrir las 11 imputaciones, que según dicen les ha causado “mucho dolor, tristeza e indefensión”. Los afectados le piden al fiscal una reunión y le instan a investigar distintas cuestiones relacionadas con el accidente, como la responsabilidad de los directivos de Adif, la capacidad psicológica del maquinista para valorar su despiste o si el tren Alvia contaba con las homologaciones adecuadas. La asociación también duda de la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que aún no ha emitido su informe sobre el siniestro, y recuerda que sus miembros son nombrados por el Ministerio de Fomento.