Las prostitutas de El Puerto recurren las multas municipales de hasta 3.000 euros

Con caretas y carteles. Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acudieron de esta manera al registro del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) para protestar, en nombre de las prostitutas de la ciudad, por las primeras multas impuestas por el Consistorio para intentar eliminar esta actividad en las calles. Algunas de las sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros, según marca la ordenanza aprobada hace meses.

Las primeras multas son fruto de esta normativa que, ya en mayo de 2012, cuando se anunció la medida, provocó la queja y la crítica del colectivo y de Pro Derechos Humanos de Andalucía por hacer caer sobre ellas la responsabilidad de su actividad, sin que les plantease medidas alternativas o, al menos, un lugar donde poder ejercer este trabajo sin riesgo a sanciones. “Solo hemos conseguido buenas palabras y pocas intenciones de solucionar el problema”, reza el comunicado leído durante este acto de protesta, que ha servido para presentar oficialmente el recurso contra estas multas.

Hasta ahora las sanciones recibidas son de 1.500 euros pero pueden llegar a los 3.000 si no se pagan por adelantado o si se reincide, lo que, según Pro Derechos Humanos de Andalucía, “agrava la situación de incertidumbre e inseguridad del colectivo”. La asociación mantiene también recurrida la propia ordenanza por “vulnerar derechos de las personas”. Según sus datos, cinco de las 25 prostitutas que habitualmente ejercen en las calles de El Puerto ya han recibido el aviso de sanción. El recurso insiste en que los agentes de policía no tienen pruebas de que las multadas estuvieran realizando actos sexuales en la vía pública y reclama la eliminación de la sanción económica.

Pro Derechos Humanos de Andalucía ha llamado la atención sobre la “hipocresía” que supone actuar contra estas mujeres y no contra los empresarios de los clubes que controlan los horarios, tarifas y zonas de actividad de las mujeres.

El Ayuntamiento de El Puerto aprobó estas sanciones para “preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, de encuentro y recreo con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás”. Y, aunque regula también otras actividades como la música en la calle o los gorrillas, las medidas contra la prostitución callejera fueron las más llamativas.

El Ayuntamiento prohíbe mantener sexo en la calle y ofrecerlo o demandarlo a menos de 200 metros de centros educativos, zonas residenciales, empresariales o comerciales. Y se advierte de que no se puede hacer cuando sea “incompatible” con otros usos del espacio público. En contraprestación, el Consistorio se ofrecía a ayudar.