La gravosa herencia de Barberá

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no renuncia a la hoja de ruta que trazó al comienzo del mandato en 2011. Ha desatascado tres proyectos urbanísticos emblemáticos —la Marina, el Parque Central y el PAI del Grau— en tiempos de crisis. Con recortes presupuestarios, deuda al alza y el Gobierno de Mariano Rajoy retirándose de algunos de ellos. A trancas y barrancas, Barberá quiere sacarlos adelante antes de las elecciones locales de 2015 aunque tenga que fragmentarlos o asumir riesgos financieros. Son su herencia. Y es gravosa.

Nadie apostaba hasta hace muy poco por la reactivación del plan urbanístico del Grau, el segundo más ambicioso de la capital tras el Parque Central, que resuelve la conexión del viejo cauce del Turia con la fachada litoral. Pero el pasado 30 de abril, Aumsa (sociedad de urbanismo municipal) llevó contra todo pronóstico al consejo de administración el pliego de condiciones para contratar “asistencia técnica, jurídica y financiera” para el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grau, un plan que desarrolla 400.000 metros cuadrados de suelo, característico por sus rascacielos (hasta 50 alturas) y su delta verde. El arquitecto José María Tomás se encargó de fusionar los dos proyectos ganadores del concurso internacional de ideas para la ordenación del frente litoral. El plan del Grau conjuga los planos del arquitecto francés Jean Nouvel y el del alemán Meinhard von Gerkan.

Aumsa busca un consultor que le de 30 millones para urbanizar el Grau

Es uno de los proyectos más caros de los previstos en la capital, primero por su tamaño y diseño ambicioso, y segundo porque tiene que sufragar la inversión que la Generalitat adelantó para la construcción del circuito de Fórmula Uno y el soterramiento de las vías de Serrería. Unos 114 millones de euros en total: 65 millones cuesta el proyecto de urbanización, otros 6 millones el desmantelamiento del ferrocarril y 35 millones la parte proporcional de un circuito donde ya no se celebra el gran premio. A esto se sumarían otros 8 millones en gastos de gestión.

El Ayuntamiento de Valencia ha dejado Aumsa, encargada de la gestión directa del PAI, en los huesos, con un presupuesto ínfimo. De ahí la necesidad de buscar un consultor que, además de soporte técnico, le proporcione financiación, dadas las limitaciones del Consistorio para aumentar su deuda.

La oposición votó a favor del pliego y a partir de ahí todo son reservas

La sociedad municipal busca un consultor que le adelante 30 millones de euros para iniciar lo antes posible la urbanización de uno de los planes varados por la crisis. Por la asistencia técnica, el consultor adjudicatario recibirá 8 millones de euros. El Consistorio devolverá este capital con los solares municipales que le corresponden por ley.

Los tres partidos de la oposición —PSPV, Compromís y EU— votaron junto al PP, a favor del concurso porque es un proyecto largamente esperado y con el que los vecinos de Natzaret esperan romper su aislamiento del resto del frente litoral. “A partir de ahí empiezan las dudas”, admite el concejal socialista Vicent Sarrià. Es un apoyo con muchas reservas. Los grupos han solicitado a la Concejalía de Urbanismo un informe que acredite que los servicios locales no pueden sacar adelante, como estaba previsto, la asistencia técnica. “Nos ahorraríamos ocho millones de euros”, plantea el edil.

Esta operación de préstamo les genera muchas dudas jurídicas, sobre todo por los riesgos económicos que entraña. “Parece evidente que el adelanto se va a pagar con suelo, pero ¿será a precio de coste?”, reflexiona Sarrià. Un dinero que perdería el Consistorio. Y otro elemento que les genera incertidumbre: el pliego autoriza al consultor a introducir cambios en el planeamiento. Y lo primero que surge es si se mantendrá la reserva de un 15% de suelo para viviendas de promoción pública. Este porcentaje, que inicialmente era del 30% para el PAI del Grau, se recortó a la mitad.

El Gobierno español ha introducido en la ley de rehabilitación la posibilidad de que las comunidades autónomas se acojan a una moratoria de cuatro años para no reservar suelo para vivienda de promoción pública, siempre que exista al menos un 15% de pisos de estas características sin vender.

El mercado inmobiliario no acaba, por otro lado, de despegar en la capital valenciana y, en ese contexto, añadir otros 400.000 metros de suelo, con un coste de urbanización de 334 euros por metro cuadrado de techo (el precio en el Parque Central es de 187 euros) no facilita las cosas. Serían 3.000 viviendas más en el mercado en una ciudad que tiene urbanizados un puñado de PAI y no se edifica una sola vivienda. En lo que oposición y gobierno local coinciden es que da igual lo que tarde en ejecutarse, el PAI del Grau está en una de las zonas con más valor de la capital.