El giro que Europa necesita

Ya nadie puede creerse que los principios constitutivos de la Unión Europea presidan las políticas comunitarias. Ni siquiera los contenidos en el Tratado de Lisboa de 2007. Basta con recordar el abandono y la traición de principios como “derechos humanos de minorías”, “economía social de mercado” —transformada luego en “economía de mercado abierta y de libre competencia”—, “pleno empleo y progreso social”, etcétera. Son necesarios profundos cambios normativos para que la UE deje de ser la máxima expresión del poder del “fundamentalismo del mercado” a través de sus políticas económicas neoliberales, que no cesan de generar desigualdad social y económica y pobreza, con especial incidencia en la infancia. Esa pobreza intensa y persistente, la llamada “pobreza severa”, de la que Hanna Arendt decía que “es un estado de constante indigencia y miseria extrema cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante”. Según el Plan Nacional para la Inclusión Social del Gobierno (octubre 2003), esa pobreza afecta ya a 2,2 millones de menores en España.

Otra expresión de dichas políticas es que, antes de mencionar y desarrollar derechos individuales y sociales, el Tratado de Funcionamiento se plantee como objetivo esencial “mejorar las capacidades militares” de la UE, objetivo que descalifica las llamadas a la paz. Todo ello, en un marco globalizador que describía muy bien Zygmunt Bauman: “La riqueza total de las 1.000 personas más acaudaladas del mundo casi duplica la de los 2.500 millones de personas más pobres”. El Tratado y su ejecución constituyen, por tanto, una traición a los principios de Schuman y de los fundadores de la Comunidad Europea. Varios elementos lo confirman:

La prohibición de “restricciones [/PIRRINCHI]a los movimientos de capitales” entre Estados miembros y entre estos y terceros países, que abre la puerta a la plena libertad de movimientos de capitales, especialmente, en los mercados financieros. A partir de ahí se produce un flujo, pemitido y amparado por la UE, hacia paraísos fiscales que canaliza el fraude fiscal nacional e internacional. También conduce a la protección, desde dichos territorios, de toda clase de actividades delictivas como la ocultación y blanqueo de capitales procedentes de negocios delictivos y de la corrupción.

Los paraísos fiscales están aumentando la desigualdad y la pobreza y corroen la democracia. Distorsionan los mercados, socavan la regulación financiera y frenan la prosperidad económica, ya que la mayoría de los productos financieros que han dañado a la economía real y a los pequeños inversores y ahorradores, desde las participaciones preferentes hasta las hipotecas subprime, tienen relación con los paraísos fiscales. Asimismo, aceleran la fuga de capitales, permitiendo a dirigentes corruptos deslocalizar su riqueza personal obtenida injustamente y ponerla a salvo en una cuenta opaca en el extranjero.

Por ello, el Parlamento Europeo adoptó en abril de 2010 el siguiente acuerdo, con el voto en contra del Partido Popular Europeo: “Los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica”. Por supuesto, nadie lo ha cumplido.

Las empresas deslocalizan los capitales, lo que favorece a la banca, que puede operar en cualquier lugar de la UE con productos financieros complejos que favorecen el fraude

Además, las empresas deslocalizan los capitales, actuando libremente en un mercado único, lo que favorece especialmente a la banca, que puede operar en cualquier lugar de la UE con productos financieros complejos que favorecen el fraude. A ello hay que añadir una desarmonizacion fiscal que determina que la carga fiscal se traslade de las empresas a los trabajadores, incrementándose la desigualdad y la pobreza.

La conclusión es evidente: el poder de los mercados —representado especialmente por el Banco Central Europeo— domina sobre todos los poderes de la UE dotados de legitimidad democrática, los cuales han quedado sometidos y subordinados a las políticas neoliberales del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (Eurosistema). Este sistema está dotado de una fuerza decisoria y ejecutiva antidemocrática en la medida en que consagra “la independencia” del BCE y establece que todas las instituciones de la Unión Europea están obligadas a “respetar” esa independencia.

Los pueblos europeos son cada vez menos soberanos. La UE y los Estados imponen un complejo sistema de controles que dificulta o impide la oposición activa a las políticas privatizadoras y antidemocráticas. Por esta razón, es necesario, particularmente en España, hacer frente activamente a las leyes antidemocráticas que está aprobando o impulsando el Gobierno del PP. Y exigir a todos los poderes públicos, sin excepción, que no incumplan por más tiempo el mandato constitucional que les obliga a “remover los obstáculos” para favorecer la “igualdad efectiva” de todos los ciudadanos.

Es indispensable girar las instituciones y las políticas comunitarias hacia posiciones que fortalezcan la democracia y el respeto a los derechos individuales y, sobre todo, económicos y sociales. Este es el reto que plantean las próximas elecciones.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de Federalistes d'Esquerra.