Las entidades sociales recelan del nuevo modelo de copago de Bienestar Social

Desde hace más de una semana, los beneficiarios de la ley de Dependencia en Cataluña han de someterse a una nueva manera de calcular el importe del copago necesario para recibir algún servicio. La orden emitida del departamento de Bienestar Social establece que, además de la renta, se cobre en función del patrimonio. Una idea que las entidades sociales no ven con malos ojos, pero que miran con recelo por la situación económica de los beneficiarios. Todos apuntan a que las más afectadas serán las clases medias. Desde la Generalitat defienden que “cada persona pagará en función de su capacidad económica real”.

El documento establece varias reducciones por familiares a cargo -la vivienda habitual queda excluida si en ella viven otras personas- y para asegurar “la cantidad mínima garantizada para pagos personales", como el mantenimiento del hogar y el llamado dinero de bolsillo. Para los menores de 36 años será el 1%; hasta los 64 será del 3%. Y a partir de los 65 años, del 5% del valor de sus bienes.

“Tener patrimonio ahora no significa tener la posibilidad de hacer frente al copago”, critica Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). Considera que la situación del mercado inmobiliario condiciona que muchas personas que tengan mucho patrimonio en realidad no puedan asumir su aportación. Una brecha entre “valor teórico y valor efectivo” de la que también alerta Antonio Guillén, presidente del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad. “Son personas que ya están bien castigadas”, agrega.

Desde Bienestar Social insisten que la medida no tiene una función recaudatoria. Pero Guillén cree que el departamento debería aclarar cuál es el objetivo económico del copago. “Si pagamos pero eso no garantiza el mantenimiento del sistema, no le veo el sentido”, explica. Guillén cree que Bienestar debería establecer el porcentaje del coste de la dependencia que se busca cubrir, pero fuentes del departamento aseguran que no se ignora el dinero que se podría recibir, pues se desconoce el patrimonio de los beneficiarios. “Si pagáramos para ayudar a más personas no estaría mal, pero no está claro”, puntualiza Pascual. La consejera Neus Munté sostiene que la aplicación de la ley de la Dependencia compromete el 76% de su presupuesto, unos 1.200 millones. Este monto cubre el 80% de la aportación pública al despliegue de la ley. El copago equivale a un 10% del total.

“La complejidad de la orden es tal que dudo que se pueda aplicar toda la casuística”, tercia Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social.