Educación readmitirá a los monitores que cuenten con el respaldo judicial

La justicia le había dejado dos puertas abiertas a la Consejería de Educación: la readmisión o la indemnización por despido improcedente. Y el departamento de Luciano Alonso ha optado por la primera de las alternativas, es decir, volver a contratar a los monitores administrativos que prestaban sus servicios hasta el curso pasado en algunos colegios públicos de Andalucía a través de subcontratas privadas. Pero fuentes de la consejería sostienen que este proceso será “individual”, lo que implica que solo se readmitirá ya a aquellos que cuenten con sentencias favorables. De momento, 16 trabajadores de Córdoba han conseguido que en primera instancia se considere que su salida en noviembre de 2013 fue un despido improcedente. Educación se había comprometido a no recurrir estos fallos, en los que se consideraba que la contratación de estos empleados a través de subcontratas era una cesión ilegal de mano de obra. En los fallos se indicaba que la consejería, si optaba por la readmisión, debía considerarlos empleados indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Administración. La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, resolvió también el año pasado que la situación de estos empleados era irregular y que se trataba de una cesión ilegal de trabajadores a la consejería.

Tras esos pronunciamientos de la inspección en Córdoba y Cádiz, la consejería decidió prescindir en todas las provincias andaluzas de las subcontratadas, que utilizaba desde 2006 para reducir las cargas burocráticas en los colegios públicos. El departamento de Alonso justificó esta medida en que no estaba dispuesto a seguir contando con “empresas que explotan a los trabajadores”.

Educación cambió la forma de contratación y se recurrió a un concurso de empleo público para seleccionar a los administrativos. Pero el resultado fue que los 840 monitores que se encargaban hasta el curso pasado de estas labores se quedaron sin trabajo.

Tras su salida del sistema educativo a finales de 2013, este colectivo empezó a movilizarse y organizar protestas. Muchos de estos trabajadores —la mitad de los 840, según Virginia Vázquez, una de las portavoces de la plataforma de afectados— decidieron ir a los juzgados en sus provincias. Los primeros en fallar a favor de los intereses de los monitores han sido los juzgados de lo social 1 y 2 de Córdoba. Tras esas sentencias, la consejería decide ahora readmitir a los 16 monitores, que no volverán a trabajar dependiendo de empresas privadas. Hay bastantes más casos pendientes de los tribunales. La semana pasada se celebró en Cádiz el juicio de otros 38 monitores.

En el sector educativo andaluz hay casos similares a los de los monitores administrativos. Al menos, eso es lo que entienden algunos sindicatos, que sostienen que la misma cesión irregular se da con el millar de monitores de educación especial y con los intérpretes de lenguaje de signos contratados a través de empresas privadas para los centros públicos. CC OO ha presentado este viernes una denuncia sobre la situación de los monitores de educación especial ante la Inspección de Trabajo, según el responsable del área educativa de este sindicato en Andalucía, José Blanco. La consejería, sin embargo, afirma que cuenta con fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalan que el caso de los intérpretes de lenguaje de signos no es una cesión de trabajadores.

El problema de las subcontratas en la Administración no es exclusivo en la Consejería de Educación andaluza. A finales de 2012, el Ministerio de Hacienda y Administración Pública difundió unas instrucciones sobre “buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores”. En el documento, de 11 páginas, se daba un listado de pautas que deben seguir todos los ministerios y entes públicos estatales para evitar que los tribunales tumben esas subcontrataciones y obliguen a la Administración a contratar como personal laboral a los trabajadores cedidos ilegalmente.