Los partidos pactan que la ley de consultas esté lista en julio

Tras cuatro meses de parálisis, la ponencia del Parlament que prepara la ley de consultas se ha reunido este miércoles y ha fijado el calendario de los próximos encuentros. Serán seis sesiones semanales consecutivas que empezarán el 30 de mayo, tras las elecciones europeas, y concluirán el 4 de julio.

El objetivo es que la proposición de ley esté lista para ese día y sea enviada a la comisión parlamentaria de asuntos institucionales, que ha de elaborar al dictamen. Una vez dictaminada, la ley será enviada al Consejo de Garantías Estatutarias para que dictamine sobre su legalidad, aunque sea en el mes de agosto, de manera que el texto esté listo para ser aprobado en septiembre por el Pleno.

El acuerdo de llevar el texto al Consejo de Garantías lo suscriben todos los partidos políticos a excepción del PP y se ha visualizado en la reunión de esta mañana. Ciutadans se excluyó de los trabajos de la ponencia. Se trata de una medida insólita en la vida parlamentaria, pues lo habitual es que sean los partidos que discrepan de un texto o que dudan de su legalidad los que lo impugnen ante el consejo.

El borrador de la ley está muy avanzado, a falta de revisión y repaso final. La hipótesis más plausible es que la publicación de la ley en el Diari Oficial de la Generalitat se produzca apenas unos días antes, si no el día anterior, de publicarse el decreto de convocatoria de la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre.

La ley entraría en vigor el mismo día de su publicación o al día siguiente, de manera que el margen para que la pueda recurrir el Gobierno ante el Tribunal Constitucional sea mínimo. El alto tribunal solo podrá pronunciarse a partir del día que esté registrado el recurso que ya ha anunciado Mariano Rajoy.

La reunión de mayor trascendencia de la ponencia parlamentaria se producirá el 13 de junio, cuando se debata sobre el objeto de la consulta, el decreto de convocatoria, las personas legitimadas y los efectos. Será el momento de concretar qué base de datos se utiliza como censo electoral, aunque con toda probabilidad será la estadística que elabora el IDESCAT, organismo de la Generalitat. A falta de concreción definitiva, podrán votar los mayores de 16 años y extranjeros residentes en Cataluña. Queda por definir qué sucede con los catalanes que viven en el extranjero.

El apoyo de los partidos soberanistas (CiU, ERC, Iniciativa-Esquerra Unida y la CUP) garantiza que el texto saldrá adelante con una mayoría holgada, a la espera de que el PSC defina su postura. Los socialistas insisten en que no desean que “la ley consultas sirva para convocar la consulta”, en palabras del diputado Ferran Pedret, pero nada hace pensar que esto no sucederá.

Tal y como está redactado ahora el proyecto de proposición de la Ley de consultas populares no refrendarias y participación ciudadana, que es así como se denomina, su ámbito de aplicación se refiere a cuestiones que son competencia de la Generalitat. Los socialistas entienden que eso impediría que se empleara para amparar la convocatoria de la consulta. “Si la ley se sigue manteniendo en el marco del Estatut la apoyaremos porque es una herramienta de participación”, asegura Pedret, “pero parece que le quieren dar un uso que no permite”, matiza.

Los partidos soberanistas entienden, por el contrario, que nada impide al Gobierno catalán convocar la consulta soberanista al amparo de esa ley, aunque discrepan sobre los criterios que han de emplearse para definir el censo electoral y otras cuestiones técnicas.