Anticorrupción pide la anulación de la fianza de Alaya a Álvarez

La Fiscalía Anticorrupción estima que la fianza civil de 29,5 millones impuesta por la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez, debe ser anulada. El ministerio público se ha adherido al recurso que la exconsejera andaluza de Hacienda presentó ante la Audiencia de Sevilla para que la medida cautelar sea revocada.

Anticorrupción considera que no es posible imponer una caución a la exconsejera dado que de momento la investigación no puede cuantificar la cantidad de dinero supuestamente malversada durante su mandato como consejera de Hacienda. La fiscalía ya se pronunció en este sentido cuando Álvarez declaró por primera vez el pasado octubre, por lo que al término de su comparecencia en el juzgado declinó imponerle una fianza.

El pasado marzo la juez Alaya impuso dicha caución de 29,5 millones a la exministra y le acusó de ser la “promotora del procedimiento ilegal de subvenciones sociolaborales” por autorizar los pagos del fondo de los ERE. Además, le imputó haber contribuido al diseño “opaco” y “discrecional” de ayudas, que eludió los controles de la Intervención General. Pero sobre todo Alaya avanzó una supuesta condena de la exministra al mencionar “la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan”. A continuación, Álvarez recurrió la fianza civil impuesta, que la calificó como “abusiva” y “presidida por un fin estigmatizador y punitivo; un fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad”.

La exministra censuraba en su recurso que la juez instructora se arrogase funciones de enjuiciamiento que no le corresponden y que despiertan “serias dudas” sobre su “imparcialidad”, ya que, según estimaba, había emitido un “juicio anticipado de culpabilidad”. Álvarez consideró que el auto de la juez debía ser declarado nulo de pleno derecho por cuanto impone una fianza desproporcionada. Ahora, Anticorrupción concluye que la fianza fijada por Alaya no es procedente.

La juez recibió este miércoles también otras dos objeciones a su instrucción del caso; el abogado de dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano le pidieron “a la mayor brevedad y sin más excusas dilatorias” que aplace la declaración judicial de sus clientes y eleve la causa contra los expresidentes andaluces y otros cinco exconsejeros preimputados al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), informa Efe.

Estos dos ex altos cargos están citados como imputados el próximo 12 de mayo después de que la juez Alaya haya rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir la causa de los ERE en piezas —una por cada ayuda investigada— y elevar al Tribunal Supremo la correspondiente a los siete cargos aforados y la de la Sierra Norte sevillana.

Además, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, se sumó a las quejas acumuladas en los últimos días contra la instrucción de la juez y criticó su “desatino” y su “intromisión ilegítima” respecto a las actividades del Parlamento andaluz. Cano declaró este miércoles tras una conferencia que hace tiempo que le parece “mal” la actuación de la juez Alaya, a la que reprocha que intentara “intervenir, limitar e investigar” la inviolabilidad parlamentaria con sus resoluciones. “No se puede, desde los autos, inventar figuras procesales que no existen. Y tiene el deber inexcusable, tan pronto cuando aparecen indicios racionales de criminalidad de aforados, de remitir una exposición razonada al tribunal correspondiente”, destacó este miércoles Cano Bueso.

Por otra parte, la fiscalía achaca al “tándem” de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo haber realizado “operaciones societarias” que “pudieran ocultar o dificultar” las investigaciones del caso ERE, según refleja el acta de sus imputaciones. Ambos están acusados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por recibir ayudas directas de 16,9 millones.