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Un empresario implica a Viera en la concesión de ayudas directas

La fiscalía pide una fianza civil de 51 millones para dos exconcejales del PSOE

José Enrique Rosendo, socio de José María Sayago, esta mañana en la Audiencia. Ampliar foto
José Enrique Rosendo, socio de José María Sayago, esta mañana en la Audiencia.

El empresario Eduardo Lora ha afirmado ante la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, que el diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera prometió una ayuda directa de 600.000 euros a la cooperativa Virgen del Espino que Lora presidía, una subvención que después sería abonada por el importe prometido. La magistrada ha preguntado de manera expresa por el diputado aforado en su interrogatorio al empresario imputado, a pesar de que el Tribunal Supremo es el órgano competente para investigar a los cargos aforados.

Lora ha detallado cómo Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, acudió a la Sierra Norte sevillana en 2001 para prometer ante 150 socios de la cooperativa esta subvención “y luego llegó una ayuda” por esta suma en 2003, informaron fuentes del caso presentes en la declaración. Hasta ahora las declaraciones de los imputados han revelado las decisiones del exdirector de Trabajo Javier Guerrero para beneficiar a su comarca de origen, pero ahora se ha dado un paso decisivo en la instrucción sobre el control y poder de decisión de Viera. Eso sí, Guerrero ya había afirmado en sus comparecencias que para dar las ayudas directas a empresas, se limitaba a ejecutar las órdenes de su superior y ahora diputado del PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Alaya en repetidas ocasiones que remita esta parte de la instrucción al Supremo porque la considera “agotada” y afecta a siete cargos aforados, entre ellos Viera y los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. “Tras el interrogatorio de este martes, el abogado de Viera ha acumulado en su mochila más incidencias para reclamar la nulidad. Esto rebasa todo límite y son causas de nulidad que algún día darán la cara”, avanzaron fuentes judiciales.

Viera concedió ayudas públicas por 32 millones al grupo Matadero Sierra Morena para el que trabajó su hija Sonia Viera. En su último atestado, la Guardia Civil acusó al diputado socialista de tener “relaciones e intereses, de ámbito personal quizás también por afinidades políticas” para concentrar el 61% de las subvenciones directas a empresas para toda Andalucía en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca de 30.000 habitantes.

Lora puntualizó durante su declaración que en 1992 se separó de su mujer porque esta había tenido una relación extramatrimonial con Viera, por lo que “no fue plato de buen gusto” cuando se lo encontró en su cooperativa y tuvo que acompañarle en la visita, más aún porque esperaba que acudiese el consejero de Agricultura en vez de Viera, informó Efe.

La juez acusó al empresario de la Sierra Norte, imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, de “aprovecharse de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados”, según el auto del 15 de abril.

Antes de Lora comparecieron ante Alaya los empresarios y exconcejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago, por recibir 16,9 millones en ayudas para su grupo empresarial Matadero Sierra Morena. Anticorrupción pidió para cada uno de ellos una fianza civil de 25,7 millones. Anticorrupción añadió la inhabilitación para administrar sociedades para los empresarios, además de la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso.

Los empresarios se negaron a declarar y evitaron la prisión preventiva, una posibilidad que flotaba en el aire dados los precedentes en esta instrucción. La Guardia Civil destacó en su último informe que Viera concedió a estos empresarios ayudas por 32 millones (aunque finalmente cobraran la mitad) y que su hija Sonia Viera trabajó para ellos.

La petición de Anticorrupción para Rosendo y Sayago resultó peliaguda, ya que había solicitado que no declararan, al estar vinculados a la investigación sobre la Sierra Norte sevillana, una parte del caso que entiende “agotada” y que debe ser enviada al Tribunal Supremo según su criterio. Sin embargo, al no acatar Alaya la suspensión de las declaraciones, la fiscalía optó por pedir medidas reales y personales para los acusados en vez de inhibirse y evitarlas por coherencia procesal. En cierto modo, a pesar de su enfrentamiento con Alaya, ayer Anticorrupción bendijo la competencia de la juez en esta rama al pedir medidas cautelares y propiciar que Alaya resuelva al respecto. Las declaraciones de empresarios de la Sierra Norte continuarán la próxima semana.