Una solución a medias para la Cañada

Cuanto más grande es el titular de un periódico, más personas se cuelan por el sumidero que queda entre las letras que lo componen. En el caso de la Cañada Real, son cerca de 4.500 las que se quedarán fuera del “ambicioso” acuerdo hecho público esta semana por las autoridades políticas madrileñas. Es decir, más de la mitad de la población de este asentamiento irregular del sur de la región seguirá sobreviviendo entre la miseria y la clandestinidad, en un territorio no habitable a espaldas de la capital, cercados por autovías y basura, y bajo el humo de la incineradora del vertedero de Valdemingómez.

La Comunidad de Madrid, con la aquiescencia de la Delegación del Gobierno y de los Ayuntamientos de Madrid y de Coslada (todas estas Administraciones están gobernadas por el Partido Popular), rubricará en dos semanas un documento que ha costado tres años de trabajo y que, sin embargo, solo promete solucionar lo que más fácil resulta de solucionar: el tramo de la Cañada que puede convertirse en suelo residencial e integrarse en el mercado inmobiliario.

En el limbo quedarán siete de los 14,4 kilómetros de esta antigua vía pecuaria, el conocido como Sector 6, que, según el plan aprobado el pasado jueves por la Comunidad de Madrid, y debido fundamentalmente a “su complejidad” social, “llevará un proceso diferenciado y más prolongado en el tiempo”. Ninguna Administración se atreve a plantear en qué consistirá ese proceso, que diversas fuentes coinciden en que podría alargarse entre 10 y 20 años y será fruto a partir de ahora de arduas negociacionales.

Según el estudio social realizado por el Ayuntamiento de Madrid en junio de 2011, con ayuda de la Universidad Complutense, en el sector 6 (que discurre íntegramente por la capital) hay 826 viviendas ocupadas y 3.163 vecinos, un cuarto de los cuales viven en situación de hacinamiento. El 42% de esas viviendas sufren un deterioro de moderado a extremo, es decir, son sencillamente inhabitables y peligrosas.

Fuera del plan regional queda el sector 6, pero no solo. También se excluyen las estribaciones de la Cañada, más deterioradas aún si cabe, en donde viven casi 700 personas, la mayoría extranjeros. Ocupan unas 350 infraviviendas recientes (posteriores a 2000) “en lugares muy problemáticos, como encima de un túnel del AVE”. A estas personas hay que sumar otras 700 que sobreviven en el poblado chabolista del Gallinero, a un kilómetro de distancia. Es “la zona más degradada de la zona más degradada de Madrid”, según el Ayuntamiento, pero tampoco han sido incluidas en el plan regional.

El Ayuntamiento de Madrid propuso derribar en 2011 todas las viviendas del sector 6 y de las estribaciones de la Cañada, buscando una solución definitiva para sus 4.500 vecinos. Pero en su propuesta ya avanzaba que “al menos un 40%” de las familias deberían resolver por sí solas su necesidad de encontrar otra vivienda. Al resto se las realojaría, siempre y cuando cumplieran los baremos habituales en este proceso.

Esa solución se pensó antes de que el Ayuntamiento abandonara la construcción de vivienda pública. Y antes de que la Comunidad y la capital emprendieran la venta de la que ya está construida a fondos de inversión extranjeros.

En cualquier caso, más de 1.600 personas tendrían que ser obligadas a marcharse sin otro lugar adonde ir. Y, por el camino, será necesario desmantelar además el mayor punto de narcotráfico de la región, que se asienta en esa zona y está controlado por bandas fuertemente armadas. El plan regional, pactado con la Delegación del Gobierno, se limita a un puñado de párrafos sin ninguna medida concreta para ello.

A Elena Martín, vecina del sector 6, le gustaría que se arreglara todo para que su hijo menor se quede algún día con una casa legal. Mientras habla al teléfono, se oyen de fondo el ladrido de sus perros. Tiene seis. Sobre su vivienda pesa una orden de derribo que nunca se ha ejecutó, como otras 40 que han ido frenando en su pelea contra las instituciones. “Hemos luchado muchísimo para que llegase este acuerdo, para que todo se arregle”, explica. No le preocupa que su sector vaya a ser el último en arreglarse: “La cuestión es que se empiece a solucionar, que hagan algo, que sigan adelante”.

Su familia levantó la casa en donde viven ladrillo a ladrillo. “Han sido años muy duros, pero no me arrepiento de nada. Aquí la vida es más intensa que en un piso”, afirma. Se ríe a carcajadas cuando se le pregunta qué hará el día que su casa sea legal: “Arreglarla un poquito más y seguir viviendo. No necesito mucho más”.

El documento aprobado el jueves deja claro que en el sector 6 tendrá que comenzarse el trabajo casi desde el principio, puesto que ni siquiera el censo realizado en los últimos dos años servirá como guía final. Será necesario elaborar “un estudio social amplio” que “podrá servir para una adecuada planificación de las actuaciones de realojamiento”.

Según el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida), el otro municipio afectado y el único que se ha opuesto, el plan “es una operación cosmética que no cierra la herida abierta ni el problema social”. Por este municipio discurren tres kilómetros del asentamiento, en los que viven 1.132 habitantes. En su zona no hay un problema grave de chabolismo como el del sector 6, pero dos tercios de sus pobladores sufren o están en riesgo de exclusión social, y un tercio recibe la Renta Mínima de Inserción.

“Con este texto, la Comunidad se exime de la responsabilidad de realojar a miles de personas que sobreviven ahora en condiciones indignas y que no van a poder optar a la legalización de sus viviendas porque no disponen de los recursos económicos para hacerlo”, señala el concejal de Urbanismo, Fausto Fernández.

El objetivo regional es, según el acuerdo, “consolidar el mayor número de residentes y de viviendas”, “integrando urbanísticamente las distintas zonas de la Cañada”. El suelo será “preferentemente residencial” y “se procurará que todos aquellos residentes censados” “puedan acceder a la compra del suelo donde se asientan sus viviendas, pudiendo mantener éstas siempre que cumplan las condiciones habitabilidad”.

Se procurará. Porque la Comunidad aún debe fijar el precio al que se venderá el suelo a aquellos que ahora lo ocupan de forma irregular. Si el precio es de mercado, serán muchos los que no puedan adquirirlo, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que pueden encontrarse para acceder a una hipoteca. Si el precio es inferior, no habrá dinero suficiente para urbanizar el área (asfaltado, alcantarillado, red eléctrica, agua corriente, etcétera), ni siquiera vendiendo el resto del suelo (el que ahora no está ocupado) a promotores a mayor coste.

“Hay gente en paro, jubilados, familias sin recursos, necesitamos que nos den facilidades para pagar. Poner precios elevados es una forma de echar a la gente”, señala, Vanessa Valenzuela, que representa desde 2007 a los vecinos de los tres primeros sectores de la Cañada (en el término municipal de Coslada y Madrid).

Incluso el Ayuntamiento de Coslada, que apoya firmemente el plan de la Comunidad, incide en ese aspecto “El problema podría estar en si los residentes tendrán o no capacidad económica para hacer frente al pago de los terrenos”, señaló su alcalde, Raúl López, a Efe. En ese municipio hay 927 personas afectadas.

Según López, el precio “no será de mercado” sino “muy asequible”. Lo que, indirectamente, le lleva a la misma reflexión que Rivas y Madrid: la “preocupación porque la situación económica de los Ayuntamientos no es halagüeña para acometer la reordenación urbanística” del entorno.

La oposición frontal de Rivas al acuerdo, que se niega a firmar, es un obstáculo pero no infranqueable. El Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre (PP), aprobó en marzo de 2011 la ley que desafectaba el suelo, hasta entonces pecuario (era una vía ganadera no urbanizable) y daba dos años para pactar con los Ayuntamientos. Ese plazo expiró en junio de 2013, y ahora la Comunidad tiene todo el poder de decisión. “A efectos prácticos, el proceso es imparable. El margen que tiene Rivas es muy limitado”, asegura la Comunidad.

¿Qué sucederá entonces? “El texto respeta las competencias urbanísticas de cada municipio, no impone nada. Los Ayuntamientos tendrán que tramitar sus modificaciones”, observan en el Ejecutivo regional. El tramo de la Cañada que pasa por Rivas podría quedar así en un limbo que alargue los trámites administrativos.

El acuerdo se firmará el día 9. En seis o nueve meses, se cerrará el censo definitivo tras alegaciones y recursos. Sólo entonces comenzará a hacerse realidad el plan. Para la mitad de la Cañada.

La otra seguirá, como hasta ahora, en el limbo de los problemas aparentemente irresolubles.