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EU denuncia ante la fiscalía el contrato de compra de Valmor por la Generalitat

La Generalitat pagó un precio "simbólico" pero asumió 14,6 millones de euros de deuda

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha presentado ante la fiscalía el contrato de compra por la Generalitat de la empresa Valmor, organizadora de las pruebas de Fórmula Uno en Valencia, al considerar que puede ser constitutivo de delitos de prevaricación, malversación o societarios.

Según la denuncia presentada por el diputado autonómico de esta formación Ignacio Blanco, el contrato, firmado el 7 de marzo de 2012 por los integrantes de Valmor y la empresa pública Circuito del Motor, supone "indudable e irremisiblemente un quebranto económico para el erario público".

EUPV solicita a la fiscalía que acuerde incoar diligencias de investigación penal y, en caso de considerar que existen indicios de delito, "denuncie los mismos ante el órgano judicial competente para la instrucción, ejercitando la acción penal".

Blanco señala que el precio de la compraventa fue de 99 céntimos, y apunta como responsables a la presidenta de la sociedad pública, Lola Johnson, y a los vocales Luis Lobón, Bruno Broseta, Mateo Castellá, José López Jaraba, Eusebio Monzó y Rafael Ripoll, todos ellos altos cargos del Gobierno valenciano.

La coalición también atribuye responsabilidades al Consell presidido por Alberto Fabra e integrado en el momento de la compra de Valmor en diciembre de 2011 por Paula Sánchez de León, José Ciscar, Enrique Verdeguer, José Manuel Vela, Luis Rosado, Isabel Bonig, Jorge Cabré, Maritina Hernández, Dolores Johnson y Serafín Castellano.

Según la denuncia, aunque la compra se hizo por un precio simbólico, "el coste real para el erario público viene determinado por los compromisos asumidos por el comprador de proceder al reequilibrio patrimonial y atender las deudas de la empresa".

Entre esas deudas, señala el diputado, figuran 14,6 millones que Valmor debería haber pagado a Circuito del Motor en concepto de organización del Gran Premio de Fórmula Uno en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, lo que significa que la empresa privada jamás cumplió sus compromisos económicos.

Además, considera que la justificación dada por el Consell de que se adquirió la empresa para evitar la penalización que supondría no organizar la prueba "no es válida" puesto que esa penalización, en su opinión, no afectaba a Circuito del Motor, y además se podía evitar organizando la celebración de la carrera.

Además, añade, "para una situación de quiebra económica de una empresa de capital privado como Valmor, el ordenamiento jurídico establece el cauce del procedimiento concursal, en cuyo marco procesal el Consell podría haber adquirido los activos que hubiese considerado importantes para la continuidad de la Fórmula Uno".

Para Blanco, "son claros los indicios de trato de favor del Consell a la empresa privada Valmor", constituida en 2007 para la organización de las pruebas automovilísticas, pero que a lo largo de los años ha ido transfiriendo sus principales obligaciones a la Generalitat.

Considera que los acuerdos sobre la compra de Valmor pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y de malversación, aunque en caso de que la fiscalía considere que los hechos no han sido cometidos por funcionarios, sino por administradores de una sociedad pública, podría tratarse de delitos societarios.

En un comunicado, el parlamentario ha afirmado que la operación de compra fue "una operación ruinosa para el erario público, un escándalo político de primera dimensión", y espera que el ministerio público pueda abrir diligencias de investigación.

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