El PSC se aproxima a CiU para aprobar la ley electoral catalana

Después de 34 años de las primeras elecciones autonómicas, parece que Cataluña podrá tener, por fin, una ley electoral propia. Para que eso sea posible se requieren dos tercios de la cámara catalana (90 diputados), según el Estatuto de 2006, y esa amplia mayoría obliga a un gran consenso político. CiU, Esquerra e Iniciativa parece que tienen cerrado el acuerdo, pero juntos no suman y hace falta incorporar a otro partido.

El que cuenta con todos los números es el PSC, que se muestra permeable al pacto. “Estamos más cerca ahora que hace un mes”, explicó ayer Miquel Iceta, el diputado que conduce la negocación en nombre de los socialistas catalanes.

El PSC parece predispuesto al pacto si finalmente se aceptan sus planteamientos, que pasan por tres reclamaciones. Una de ellas es que la futura ley electoral recoja el llamado modelo alemán con un sistema de doble lista: una para la elección de diputados de distrito y otra por circunscripción. Los socialistas proponían una sola o circunscripciones por vegueries, mientras que CiU y ERC defendían también el doble voto, pero manteniendo las cuatro demarcaciones actuales. Al final, parece que el pacto pasaría por establecer siete circunscripciones, aunque no hay nada cerrado.

Otra reclamación de los socialistas es establecer un sistema electoral más proporcional que acabe con la situación que se produce ahora en el valor del voto, y no solo en el área metropolitana, como se piensa en muchas ocasiones. El PSC siempre pone como ejemplo de esa desproporcionalidad el caso Gòsol y Saldes, municipios con una población muy similar y situados en la misma comarca del Berguedà. El voto del vecino de Gòsol vale más del doble que el de Saldes porque el primero está en la provincia de Lleida y el segundo, en la de Barcelona.

La próxima semana se podría reunir la ponencia que elabora la ley y es probable que entonces se materialice el acuerdo y se empiece a perfilar la propuesta. Las prisas de CiU para aprobar ahora la ley electoral que no ha visto la luz en 34 años tiene mucho que ver con el proceso soberanista que vive Cataluña.

Los cálculos que hacen los nacionalistas es que en el supuesto de que se convocase el referéndum a partir de la ley catalana de consultas sería necesario una autoridad electoral que ahora no existe en Cataluña y que ha de realizar las funciones que le corresponden: velar por la transparencia del proceso electoral, controlar la campaña y validar los votos. Esa función se podría encargar a la Junta Electoral Central pero nada hace pensar que el Gobierno de Mariano Rajoy facilitase el escenario.

En paralelo, hace falta también que la ley de consultas que está en tramitación en el Parlament vea la luz. Está prácticamente lista y nada hace pensar que el PSC se sume al consenso, pues ha repetido hasta la saciedad que comparte el objetivo de la norma pero que rechaza que “la ley de consultas sirva para celebrar la consulta”, en palabras del diputado Jordi Pedret. Todo hace prever que la aprobación se demorará hasta que se inicie el período de sesiones de septiembre, para hacerla coincidir con la convocatoria de la consulta. Se pretende evitar así una impugnación previa por parte del Gobierno.