La economía sumergida se extiende

Juan lleva más de medio año en el paro y no encuentra ningún trabajo. Y ahora, con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, está haciendo “unas horitas” ayudando en la barra de un bar del centro de Alicante. “Contrato no tengo, tampoco pido por ahora. Yo, con que me paguen un poco y estén contentos conmigo me conformo”, declara tímidamente, celoso de que no trascienda su identidad real. Pero su caso no es único. Como él, decenas de personas sobreviven gracias a la economía sumergida que, según denuncian los sindicatos, empieza a extenderse como una mancha por diversos sectores, más allá de lo que hasta ahora había sido su ámbito tradicional.

El sistema es un círculo vicioso que se retroalimenta. La inspección de trabajo no da abasto y carece de los medios necesarios, algunos empresarios aprovechan la extrema necesidad de los desempleados para escatimar en gastos y el trabajador, que está desesperado, solo pretende ganar algo de dinero para sobrevivir.

Trabajar en negro, como se suele decir coloquialmente, siempre ha sido algo frecuente en la construcción, el textil o el calzado. Sin embargo, durante los últimos meses están llegando a la inspección de Trabajo decenas de denuncias por parte de los sindicatos procedentes del sector servicios. “En la hostelería es cada vez más frecuente que haya gente trabajando sin papeles, o que tengan un contrato de cuatro horas y hagan ocho o más”, asegura Martín Carpena, secretario general de CC OO en las comarcas de El Vinalopó y La Vega Baja.

CC OO y UGT instan a la Administración a luchar el fraude y su permisividad

Sobre economía sumergida, como su propio nombre indica, no hay estadísticas oficiales. Los sindicatos y algunos estudios sitúan que entre un 25% y un 30% de la economía se mueve al margen de la ley. Un estudio reciente de los técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universitat Rovira i Virgili, desveló que Alicante era la provincia de toda la Comunidad Valenciana con mayor economía sumergida fiscal sobre su Producto Interior Bruto (PIB) con un porcentaje del 25,9%, por encima de Castellón (25,3%) y Valencia (24,1%). La media estatal es del 24,6%.

Alicante pasó de una tasa de economía sumergida del 22,5% (2000-2003) a una tasa del 21,6%, entre 2004 y 2007, similar a la media nacional. Sin embargo, a partir de 2008, con motivo de la crisis económica el índice se disparó hasta el 24,1%, con lo que Alicante pasó a ocupar el decimoquinto lugar de la clasificación estatal.

Según algunas estimaciones, si se tiene en cuenta que Alicante aporta al Producto Interior Bruto Nacional 34.273 millones de euros, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), se podría calcular que el fraude fiscal en Alicante podría alcanzar los 9.000 millones de euros cada año. “El problema es que el fraude no genera ingresos, con lo que cual el Estado de Bienestar se resiente, las empresas que trabajan en b generan una competencia desleal al resto y los trabajadores sin contrato están condenados a la exclusión social porque no tienen garantizada ninguna prestación futura”, resume Carpena, que insta a la Administración a dotar de más medios a la inspección de Trabajo y realizar campañas de sensibilización.

En la misma línea el secretario general de UGT en Alicante, Óscar Llopis, admite que la Inspección de Trabajo no tiene recursos ni humanos ni materiales para “fiscalizar todos los sectores donde la economía sumergida sigue al alza”. UGT también constata que la contratación irregular se amplía, y si tradicionalmente era una práctica frecuente en determinados sectores manufactureros, en la actualidad se ha extendido al sector servicios, y en concreto a la construcción o limpieza.

Llopis reconoce también que el desempleo es “la causa principal” de que exista la economía sumergida y anima a la Administración a que luche contra la “permisividad social de esta práctica” a través de campañas de concienciación y difusión de datos y estadistas sobre las consecuencias de este fraude.