Una regularización masiva en el aire

La Junta pretendió regularizar las viviendas ilegales en Andalucía con el decreto 2/2012 para “asimilarlas” y que salieran del limbo jurídico en el que estaban envueltas y accedieran legalmente al suministro de agua y luz. Han pasado dos años desde la aprobación de dicha norma y el problema sigue enquistado. La cuestión afecta a unas 300.000 viviendas en la región y en el caso de Almería, con 13.000 casas ilegales, ha tenido especial repercusión sobre el llamado “turismo residencial”, con miles de ciudadanos comunitarios jubilados que adquirieron casas fuera de ordenación. Un cambio normativo en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) podría facilitar, en los próximos meses, la regularización de casas construidas en parcelaciones urbanísticas en terreno rústico.

Tras dos años de aplicación del decreto, solo 177 viviendas han sido asimiladas y han conseguido la declaración de AFO, acrónimo de “Asimilados a Fuera de Ordenación”, una pírrica cifra que no alcanza ni el 0,1% del total de casas ilegales en la comunidad. Es decir, aquellas obras, instalaciones o edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, que fueron levantadas de forma irregular, pero en las que ha prescrito la irregularidad cometida.

Una de las comarcas que concentran más casas ilegales producto de los desmanes urbanísticos es la del Almanzora. En Almería solo 77 viviendas han conseguido la declaración de AFO. Y claro, el balance que realiza la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) es radicalmente negativo.

El decreto, denuncia esta asociación, no ha abordado la problemática de las casas construidas sobre parcelaciones —la división de terrenos en dos o más lotes para uso residencial en suelo no urbanizable—, algo frecuente en Almería y también en la provincia de Málaga, donde se calcula que más del 50% de las casas ilegales están levantadas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. “El problema que hemos encontrado es que el decreto no puede desactivar el artículo 185. 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). De manera que estas parcelaciones nunca prescriben. Ni en 100 años van a ser legales. Desde AUAN hemos pedido que se trate adecuadamente el problema. Hemos perdido dos años y continuamos con la problemática, el sufrimiento económico y social”, señala Gerardo Vázquez, asesor y portavoz del colectivo.

En Almería, el 20% de los municipios han tramitado y aprobado el documento de avance, algo así como el inventario que recoge su realidad urbanística; y un 9% se encuentra en tramitación. “Los Ayuntamientos que no van a hacer inventario en Almería son un 52%. Esos han hecho la declaración de innecesariedad que estipula el decreto. Por lo que solo un 20% de municipios no ha adoptado ningún acuerdo para poner en marcha la aplicación del decreto”, explica el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Almería, José Manuel Ortiz .

Algo que sí ha hecho, por ejemplo, el primer edil del municipio almeriense de Albox, Rogelio Mena, uno de los más castigados en la provincia con la construcción de viviendas ilegales durante los años de bonanza económica. El Consistorio ha empleado estos dos años en hacer un exhaustivo directorio con todas las fichas descriptivas de todas y cada una de las viviendas con sus datos y características.

Albox, de 12.000 habitantes, cuenta con un censo de 2.000 viviendas ilegales de las que alrededor de 500 están fuera de toda posible ordenación. “Mi municipio implantó el decreto 2/2012 y se generaron expectativas importantes. Y es verdad que da salidas a las conexiones provisionales de agua y luz a muchas viviendas. Después intentamos dar las bases jurídicas en los PGOU y planes parciales. Pero ¿qué ocurre? Pues que los reglamentos no pueden ir contra la ley y el artículo 185 de la LOUA declara la imprescriptibilidad de las parcelaciones”, subraya.

El perfil de los afectados por esta problemática es el del ciudadano británico jubilado y “comprador de buena fe” que lleva años luchando en busca de una solución. En algunos casos, contar con licencia de obras ha sido incluso más pernicioso. “He visto casos donde de repente estas víctimas se enteran de que aunque tienen una licencia y una escritura de declaración de obra nueva, y una licencia de ocupación, luz, agua y aunque esté la casa inscrita en el Registro de la Propiedad, su licencia se ha declarado ilegal por los tribunales hace muchos años, sin que ellos se enterasen. Teniendo licencia la Junta la puede impugnar. Si no hay licencia transcurren seis años y caduca la ilegalidad”, remacha Vázquez.