Fabra revoluciona el sector público

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, está en puertas de cumplir uno de sus principales objetivos de legislatura: la reconversión, no sin polémica, del sector público empresarial y fundacional valenciano.

Si al inicio de la legislatura en 2011, la Generalitat tenía registradas 82 entidades, a principios de este año se había suprimido un total de 42, lo que convierte a la Comunidad Valenciana en la región que más esfuerzo ha realizado, de entre todas las autonomías, por reducir su sector público, según datos del Ministerio de Hacienda.

Esta reconversión se ha traducido, fundamentalmente, en una pérdida de puestos de trabajo que rondará finalmente los 3.600 empleos y en una reducción de las aportaciones de la Generalitat —de 1.483 millones de euros en los tres últimos años— al sostenimiento de estas empresas, fundaciones y organismos autónomos. Si en 2011, el sector público de la Generalitat representaba el 17% de las cuentas anuales, hoy ya solo supone el 7,6% y es previsible que el porcentaje descienda una vez se liquide definitivamente Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

La prioridad del Ejecutivo ahora es mejorar la gestión de las sociedades

Los despidos se han traducido en un ahorro estructural en los presupuestos de la Generalitat de 80,2 millones de euros, que aumentarán significativamente cuando se hagan efectivos los despidos de la radio y la televisión pública. Sin embargo, la medida se ha traducido también en un aumento de la conflictividad social, sobre todo en 2012 y 2013, y en un gran desgaste para el Gobierno que preside Alberto Fabra. Un desgaste que, en algunos sectores del PP, creen que el jefe del Consell se podía haber ahorrado. ¿Pero tenía la Administración valenciana un sector empresarial excesivo? Para la mayoría de expertos consultados la respuesta es “no”. Antes de que Fabra abordase la reconversión del sector público —dentro de un marco que incluye también la congelación de las ofertas públicas y la recentralización la Administración general en el complejo administrativo 9 d’Octubre de Valencia—, la Comunidad Valenciana estaba por debajo de la media estatal. El sector público valenciano solo representaba el 6,7% del total; el número de empleados representaba el 6,9% del total de la Generalitat frente al 9,7% de media estatal y el gasto financiero (11,4%) estaba 2,6 puntos por debajo de la media del 14%.

El problema radicaba, fundamentalmente, en la gestión. Parte de las sociedades y fundaciones existentes habían quedado obsoletas, otras acumulaban tal cantidad de deuda centrifugada por parte de la Generalitat que ya eran incapaces de absorberla y las que siguen prestando servicios básicos —como la gestión de residuos o el transporte metropolitano— tenían problemas para adaptarse al nuevo escenario económico generado por la crisis. Una situación que se traducía en unas pérdidas anuales que oscilaban entre los 330 y los 370 millones de euros anuales.

El PSPV critica el coste social y la improvisación en el proceso

Finalmente, la presión del Ministerio de Hacienda al Gobierno valenciano para que recortase gastos y los vaivenes en el diseño de reconversión inicial han configurado un sector público reducido, aunque carente, en algunos casos, de coherencia estructural. Así, el Consell ha tenido que afrontar la eliminación de RTVV, que no estaba prevista. Y otras sociedades que estaba decidido suprimir se mantendrán hasta aclarar su compleja situación financiera, como Ciegsa, la empresa dedicada a la construcción de infraestructuras educativas, o la Sociedad de Proyectos Temáticos, que ejerce de paraguas para la sociedad que gestiona el aeropuerto de Castellón o la fundación de la visita del Papa, entre otras muchas funciones. Para el Consell ahora la prioridad es “mejorar la eficiencia de explotación” de las empresas públicas e intentar que las que son rentables puedan compensar en gran medida a las que no lo son. Una tarea en la que ya no participará Bruno Broseta, que hace dos semanas dimitió como secretario autonómico del Sector Público sin esperar a concluir el proceso de reconversión con la extinción de siete empresas y tres fundaciones que presentan gran complejidad.

Estos elementos hacen que la oposición ofrezca una visión diferente de la reconversión. Para el socialista Francisco Toledo, la mayor reducción de gasto se ha producido en el capítulo de personal, que representaba un 10% del coste total en 2011, cuando se aceleró el proceso. Sin embargo, explica Toledo, el gasto financiero se ha disparado y los ingresos que generaban estas sociedades han caído. "Tras dos años de reestructuraciones, el balance no puede ser más negativo", prosigue el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, "lo que costaba el sector público empresarial y fundacional en el presupuesto de 2013 eran 597 millones de euros. Y lo que costará en el presupuesto de este año son 822 millones, un 37% más que el año pasado". El diputado socialista argumenta que la improvisación ha sido una de las características del proceso. “Muchas fundaciones suprimidas no tenían actividad y de las 18 entidades afectadas inicialmente, al final se introdujeron cambios sobre 12”, señala. Aunque al final, los cambios han dejado un sector público reducido a la mitad.