La imputación del alcalde de Porriño arrastra a su gobierno municipal

El gobierno municipal de O Porriño (Pontevedra), del PP, ha sido puesto bajo sospecha. La imputación del alcalde, Nelson Santos, por supuestos delitos relacionados con la adjudicación fraudulenta de centenares de obras municipales a empresas de familiares y amigos se extiende a buena parte de su equipo. Junto con el regidor, la jueza que instruye la causa, Olaya Díez, ha imputado también al primer teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, edil de Contrataciones; a Alejandro Lorenzo, responsable de la Oficina Municipal de Empleo, y a Carlos Martínez Nogueira, concejal de Canteras y Patrimonio, según han confirmado a este diario fuentes con acceso a la investigación judicial. La lista se completa con al menos otras cinco personas —en algunos casos con parentesco con los dirigentes municipales— a las que Santos y sus ediles adjudicaron, sin dejar constancia por escrito, según la acusación del ministerio público, distintos servicios obviando los continuos reparos del interventor y del secretario.

 La investigación judicial afecta, además, a las empresas beneficiarias de obras municipales, en su mayor parte vinculadas al PP. Entre las firmas investigadas se encuentran Cachada, Abelmar, Impi y Mecánica Rocha. Estas dos últimas están relacionadas con Jacobo. El primer teniente de alcalde participó en otras sociedades con los administradores de las dos firmas a las que contrató después desde el Ayuntamiento y a las que les hizo pagos por más de 151.000 euros, pese a que el interventor había puesto reparos a 122.000 euros de esas facturas. Impi (Instalación de Maderas y Pavimentos Ibérica) fue creada en 2010, para dedicarse a tareas de carpintería, tras el acceso a la alcaldía de Nelson Santos mediante una moción de censura. Apenas constituida, la sociedad comenzó a facturar al Ayuntamiento. Y lejos de atenerse al objetivo social de la empresa, pasó recibos por trabajos de limpieza de calles y jardinería.

En el caso de Abelmar, propiedad de un destacado militante del PP de O Porriño, Abelardo Otero, la empresa —que al mismo tiempo realizaba montajes y distribución de propaganda electoral para el PP, según consta en la documentación judicial— se hizo con la adjudicación, a dedo, del mantenimiento del alumbrado público por 379.000 euros que el alcalde pagó levantando también los reparos de interventor.

El fiscal ha pedido además la carpeta de Narom, SL, adjudicataria también de obras municipales bajo sospecha. Se trata de la constructora de Manuel Fernández, que en 2013 eludió una condena de cárcel al aceptar pagar una multa de 260.000 euros por no haber declarado a Hacienda ingresos relacionados con trabajos realizados para el narcotraficante Marcial Dorado en la Quinta do Feital. Para realizar las adjudicaciones supuestamente irregulares a familiares y empresas afines, Santos levantó más de 300 reparos del interventor, según consta en la documentación judicial en la que se estima en más de cuatro millones de euros el perjuicio para las arcas municipales.