El fiscal imputa al alcalde de Porriño centenares de contratos fraudulentos

La juez imputa al regidor popular por pagos sin justificar por valor de cuatro millones Le acusa de prevaricación continuada, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias

El regidor durante su toma de posesión
El regidor durante su toma de posesión LALO R. VILLAR

Prevaricación continuada, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores por supuestas contrataciones irregulares. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Porriño, Cristina Martínez Raposo, que acaba de levantar el secreto del sumario de dos causas abiertas contra el alcalde de este municipio, Nelson Santos, del PP, lo imputa por la contratación a dedo de empresas afines a cargos de su formación política y a familiares y por haber autorizado pagos por cuatro millones de euros —ignorando los reparos constantes del secretario y del interventor— por obras que, según consta en la denuncia de la fiscalía de Vigo, en algunos casos no llegaron a ejecutarse. A los reparos de los funcionarios, que el alcalde obvió sistemáticamente, se sumaban los informes de la arquitecta municipal en los que certificaba, tras personarse en algunas de las obras facturadas, que “no estaban ejecutadas”.

Santos entró en 2010, —en cuanto accedió a la alcaldía a través de la moción de censura que la formación política que presidía antes de pasarse al PP, Ciudadanos por Porriño (CxP), planteó al BNG— en una espiral contratadora. La práctica habitual del alcalde consistía, según denuncia el fiscal, en contratar “indiscriminadamente” servicios para el Ayuntamiento omitiendo “de manera absoluta” los procedimientos legales. “Hasta el punto”, dice el fiscal en su denuncia, de que “no existe por escrito ninguno de los contratos relativos a centenares de prestaciones”.

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La fiscalía especifica que este supuesto delito de prevaricación del regidor se evidencia en que se presentaban al cobro al Ayuntamiento facturas sin que constara la previa contratación de las empresas. Nelson Santos autorizaba los pagos levantando, uno tras otros, los reparos de los informes del interventor y del secretario que advertían “de lo ilegal de la contratación”, a dedo, “por no tratarse de obras menores”. En la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario, consta que el alcalde autorizaba por decreto cada una de esas facturas “sin regularizar en ningún momento la situación de dichas contrataciones”. Lo hacía “mediante designación directa, sin publicidad ni libre concurrencia” y ordenaba los pagos durante meses “sin proceder a la contratación legal de los servicios que remuneraba”, precisa el informe del ministerio público.

Lo hizo, según se desprende de la documentación incluida en el sumario, con buena parte de los servicios básicos de mantenimiento del Ayuntamiento. La mayoría de ellos recayeron en empresas vinculadas a CxP, escisión del PP que retornó al partido una vez alcanzada la alcaldía mediante la moción de censura. Las obras adjudicadas supuestamente de forma ilegal van desde un arreglo de tuberías por las que el Ayuntamiento pagó más de 7.000 euros, sin contrato ni licitación y levantando los reparos de los técnicos municipales, hasta los 198.000 abonados —procedentes de fondos municipales y de la Xunta— por obras en el cauce del río Louro que la arquitecta municipal comprobó que no estaban culminadas, según detalló en un informe. Entre las adjudicaciones a dedo contraviniendo los informes llenos de reparos de los dos funcionarios figura la del servicio de mantenimiento del alumbrado público a la empresa Abelmar, de la que es presidente un destacado militante del PP de O Porriño, Abelardo Otero Tourón. El sumario incluye una carpeta específica sobre contrataciones municipales a esta sociedad a la que ya en 2010 el alcalde ordenaba, con reparos del inteventor, el pago de facturas por 379.000 euros correspondientes al mantenimiento completo del alumbrado público que hasta antes de la moción de censura asumía el Ayuntamiento con su personal. Paralelamente, la empresa realizaba montajes y distribución de propaganda para la campaña electoral del PP. En el informe judicial consta la declaración de un funcionario que sostiene que un concejal del grupo de gobierno le indicaba que copiara literalmente en las prescripciones técnicas de los informes las características de Abelmar. El secretario y el interventor alertaron de que la voluntad de la empresa se imponía a los intereses vecinales

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